A 10 días de que tomaron estado público las sospechas de que el gobierno anterior habría apurado a dos mineras a presentar documentación clave ante la urgencia del calendario electoral, un nuevo ingrediente se sumó a la polémica con la irrupción en la escena de los dueños del campo donde está uno de los proyectos, Los Azules.
El apoderado del Campo Cortes Monroi (CCM), Armando Guevara; presentó ayer una nota al Ministerio de Minería pidiendo que se investigue posibles hechos de corrupción en la noticia publicada por Tiempo de San Juan el 12 de marzo pasado, respecto a que los Informes de Impacto Ambiental (IIA) de los proyectos de cobre Los Azules y Hualilán tienen inconsistencias porque la documentación se presentó contra reloj, ante la presión del gobierno anterior en medio de la campaña electoral. Eso habría derivado en documentación con errores y “flojos de papeles”, lo que ha puesto en apuros a la actual gestión de gobierno, indicaron fuentes del sector.
La noticia tuvo gran resonancia en el sector minero. No obstante, y pese a la insistencia de Tiempo de San Juan, ninguna de las dos empresas involucradas en la polémica quiso realizar declaraciones en su defensa.
El pedido
En su presentación, el abogado Guevara pide saber si Los Azules, que es el que está ubicado en los campos de la estancia que representa legalmente, cometió algún delito en ese apuro de presentaciones por el calendario electoral. El letrado no tipifica ni se refiere a ningún delito en particular, solo pide que se investigue porque la empresa a la representa presume que podría surgir algo de esas eventuales operaciones contrarreloj. De ser así, anticipa a las autoridades mineras su intención de proceder a hacer denuncias penales.
La firma CCM SA declara ser superficiaria de una parte del camino para acceder a la mina, que se llama Cabeza de León, y mantiene por este motivo una pulseada millonaria con la empresa concesionaria de Los Azules a quien denunció por usurpación y le reclama el pago de abonos de servidumbre, además de daños y perjuicios. Esos cruces también fueron publicados por este diario en octubre del año pasado.
En la nota presentada ayer al ministerio de Minería se le informa que, atendiendo a esa circunstancia de ser superficiarios, tomarán participación por medio de profesionales adecuados en el análisis del Informe de Impacto Ambiental: lo van a estudiar para determinar las eventuales irregularidades.
También insta al titular de la cartera, Juan Pablo Perea, a que “arbitre los medios necesarios administrativos y/o judiciales” para corroborar y eventualmente denunciar e investigar “posibles hechos de corrupción”.
Antecedentes
Para sumar argumentos a la petición, el apoderado legal señala abiertamente en el escrito que la empresa Mc Ewen Mining -que tiene el control de Los Azules- ya ha cometido antes irregularidades: Indicó que la firma de su propiedad -Minandes SA-, “habría falseado datos para conservar la concesión de los proyectos de minas Diego I, Diego II, Nevada I, Nevada II, Chiflones I y Chiflones II.
Por eso hecho Guevara anticipa al ministerio de Minería que va a realizar una denuncia por estafa procesal contra el Gobierno de la Provincia de San Juan y la autoridad minera de aquel momento, que era Carlos Astudillo quien habría convalidado ese supuesto fraude. Agrega un dato: que en esos expedientes ellos solicitaron la inspección de la Policía Minera, la que está pendiente de Resolución.
Fuente: Tiempo de San Juan
Redacción Jáchal Digital
