La controversia tiene su origen en una denuncia realizada por el propio Manzano en septiembre del año pasado, cuando informó el presunto robo de 13 millones de pesos pertenecientes a la entidad, destinados a obras de agua potable y cloacas. Sin embargo, el giro del caso fue drástico: las pericias determinaron que los accesos a la caja de seguridad no fueron violentados y que Manzano era el único poseedor de las llaves. Ante estas pruebas, la fiscalía dio un vuelco a la hipótesis inicial, acusando al dirigente de “auto-robo”, falsa denuncia y presunto hurto.
Durante la audiencia celebrada este jueves, los abogados defensores de Manzano, los doctores Manuel Gímenes Puchol y Gustavo Martín Clavel, solicitaron formalmente que su cliente fuera autorizado a ingresar nuevamente al edificio de la Unión Vecinal para “cumplir sus funciones habituales” y retomar su labor diaria. Los letrados argumentaron que la medida cautelar afectaba el ejercicio del cargo para el cual fue electo.
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No obstante, esta pretensión encontró una férrea oposición por parte de la querella, representada por Mario Morán, y del Ministerio Público Fiscal de Impugnación, a cargo del fiscal Fabrizio Medici. Los acusadores sostuvieron que la restricción impuesta originalmente por la jueza de Garantías, Carolina Parra, resulta indispensable para evitar que el imputado pueda entorpecer la recolección de pruebas o influir en testigos vinculados a la administración de la entidad.
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Tras escuchar los argumentos de las partes, el juez Daniel Guillén resolvió ratificar en todos sus términos la resolución de la jueza Parra. De esta manera, Manzano continuará alejado de la sede vecinal mientras avance el proceso penal que lo tiene como principal sospechoso del millonario faltante.
