Ante una importante presencia de abogados querellantes, los dueños de Global Market Valores y GMI Inversiones se sentaron frente al juez de Garantías y, aunque no fueron imputados formalmente, escucharon los detalles de las sospechas que pesan sobre sus hombros. Se trata de Gustavo Omar Ahumada y Miguel Ángel Cañada, quienes podrían ser investigados por estafa por la Justicia Federal, tras el pedido del fiscal.
Es que Nicolás Alvo solicitó el cambio de competencia por la naturaleza del delito, pues se sospecha la comisión de lavado de activos, lo mismo que la intervención del sistema financiero nacional en la causa bajo la lupa. Además, las maniobras que están en la mira exceden el ámbito de la provincia y requieren investigaciones en otras jurisdicciones, por lo que el representante del Ministerio Público se declaró incompetente.
Ante la atenta mirada del magistrado Javier Figuerola, la fiscalía explicó que los financistas bajo la lupa utilizaron el dinero de los inversores para los beneficios de su propia empresa. Acorde se destacó, el dinero fue desviado a una empresa propia de los imputados, cuando ello no estaba previsto con los inversores.
Alvo aseguró que los denunciantes tenían un perfil de riesgo conservador, lo que obligaba a los agentes financieros a respetar el perfil y no hacer operaciones que no excedieran lo pactado. “Contrariando el perfil, en lugar de invertir en cauciones y demás, desviaron el dinero a GMI”, sostuvo y agregó: “Incurrieron a un ardid. Se valieron de la confianza de sus clientes y obtuvieron su autorización por medio de engaños”.
Acorde detalló, tanto Ahumada como Cañada le hacían creer a sus clientes que invertían su dinero en lo que estaba previsto y conseguían los permisos mediante actualizaciones de una falsa auditoría. Ello quedó en evidencia cuando desde la Comisión Nacional de Valores, que fue consultada por los investigadores, desmintieron tal auditoría. Lo que hacían con el dinero puesto a disposición, según la teoría del caso, era operar con maniobras de alto riesgo.
Por el momento, la UFI de Delitos Informáticos y Estafas recibió 23 denuncias y se habla de un perjuicio superior a los 3.000 millones de pesos. No obstante, hay quienes aseguran que las pérdidas llegan a los 6 millones de dólares.
En la audiencia, los investigadores apuntaron contra la firma financiera EPYCHOST S.A.S., que sería propiedad de los hijos de Ahumada. La razón de ello es que habrían realizado compras no autorizadas de cheques electrónicos, lo que podría configurar en la sospecha de un nuevo delito y con otros implicados en la mira.
La primera denuncia se hizo el 30 de marzo pasado. Entre los casos que trascendieron figura el de una empresa constructora que denunció la pérdida de unos $2.200 millones, por ejemplo. También hay una jubilada que no sabe adónde fueron a parar sus 100 millones. Ahora también apareció un comercio que sufrió un perjuicio de 150 millones.
Siguen en libertad
A pesar del pedido del prisión preventiva para los sospechosos, el cual fue solicitado por los abogados querellantes, el juez Figuerola resolvió dejarlos en libertad hasta el próximo martes, cuando se reanude el cuarto intermedio dictado por la autoridad. En una maratónica audiencia, los tiempos se extendieron y no se alcanzó una resolución sobre el cambio de jurisdicción.
Se espera que la semana próxima se defina su situación, es decir, si siguen siendo investigados por la justicia penal sanjuanina o, bien, si quedan bajo la lupa del Sistema Acusatorio Federal.
