La tensión dentro del Foro de Abogados sumó un nuevo capítulo en las últimas horas, luego de la contundente respuesta de Abogacía Transformadora frente al planteo que busca remover del Directorio a los letrados vinculados a su espacio. A través de un comunicado oficial, la agrupación cuestionó con dureza la iniciativa y la calificó como un intento de vulnerar la legitimidad democrática surgida de las urnas, por tanto, habló de hostigamiento y la persecución.
“Rechazamos cualquier intento de remoción carente de sustento fáctico y jurídico”, señalaron desde la asociación civil, al tiempo que expresaron su “firme solidaridad” con los directores Paola Marconi, Federico González Viola, Horacio Carrizo, Vanesa Coria, Emanuel Torés y Fiorella Mondino, cuyos cargos quedaron bajo cuestionamiento.
En el documento, Abogacía Transformadora fue más allá y denunció la existencia de “hostigamiento y persecución político-institucional” contra sus integrantes, advirtiendo que este tipo de acciones “degradan la imagen” del Foro y resultan incompatibles con una vida institucional basada en el respeto y la pluralidad. “Instamos a cesar en conductas que degradan la imagen de nuestra institución y a respetar la pluralidad de voces”, remarcaron.
La controversia se desató tras una presentación impulsada por los espacios Abogacía Independiente y Foro Independiente, protagonistas de las últimas elecciones en la entidad y alineados con el oficialismo, en la que solicitaron la remoción de los directores vinculados a Abogacía Transformadora.
El planteo, firmado por Héctor Vizcaíno, se sustenta en el artículo 98, inciso 4 de la Ley 2406-A, bajo el argumento de un “evidente conflicto de intereses”. Según sostienen, la asociación civil estaría arrogándose facultades que corresponden exclusivamente al Foro de Abogados, en su carácter de persona jurídica de derecho público no estatal.
Entre los puntos observados, los denunciantes cuestionaron que la agrupación incluya en su estatuto atribuciones como representar a abogados en el ejercicio profesional, peticionar ante autoridades, intervenir ante casos de violencia institucional e incluso iniciar acciones judiciales y administrativas. Para los sectores impulsores del pedido, esto implicaría una “superposición funcional” y una posible “invasión de competencias”.
En paralelo, el propio Foro de Abogados emitió un comunicado institucional en el que buscó fijar posición y “marcar la cancha” respecto de la representación de los profesionales.
La entidad recordó que es la única con potestad legal para ejercer dicha representación, al amparo de la Ley 127-A, que regula su funcionamiento. En ese sentido, ratificó su rol exclusivo en la administración de la matrícula y advirtió que cualquier intento externo de asumir esas funciones constituye un “avasallamiento” del sistema de colegiación.
Además, el Directorio sostuvo que impulsará “todas las gestiones necesarias” para resguardar sus atribuciones y evitar situaciones que generen confusión entre los matriculados.
Desde Abogacía Transformadora, su referente Marcelo Álvarez ya había anticipado el rechazo a la iniciativa, calificándola como “una vergüenza” y atribuyéndola a un “desconocimiento del derecho”. En esa línea, defendió la legalidad de la asociación y aseguró que su estatuto cuenta con aprobación oficial tras un “exhaustivo análisis”.
El conflicto también salpicó, en un primer momento, a la Asociación de Abogados Penalistas (ASAP), aunque desde la conducción del Foro se encargaron de diferenciarla. Según indicaron, se trata de una “institución modelo” que no pretende representar a todos los abogados, sino únicamente a sus asociados, marcando así una línea divisoria con el caso de Abogacía Transformadora.
Con posiciones cada vez más endurecidas, el escenario dentro del Foro de Abogados de San Juan expone una disputa de fondo: los límites de la representación profesional y el rol que pueden asumir las agrupaciones dentro de la estructura institucional.
Mientras los sectores oficialistas insisten en la necesidad de evitar superposiciones de funciones, desde la oposición denuncian maniobras que buscan desplazar a dirigentes electos. En ese cruce, la definición del conflicto no solo tendrá impacto en la actual composición del Directorio, sino también en el equilibrio político interno de la abogacía sanjuanina.
