Ante las derivaciones políticas generadas por la contratación de Claudio Barrelier en la Municipalidad de Córdoba, que saltó ante el femicidio de Agostina Vega, el eje de la discusión pública se trasladó hacia el endurecimiento de los controles sobre los agentes municipales. En ese marco, el foco está puesto en reforzar los requisitos de ingreso, ampliar las incompatibilidades y endurecer los controles sobre antecedentes penales y narcotest para el personal de planta permanente y transitoria.
Además del proyecto de ordenanza enviado por el Ejecutivo municipal al Concejo Deliberante, existe una iniciativa del concejal radical Sergio Piguillem que apunta en el mismo sentido: fortalecer los mecanismos de control del Estado sobre sus propios agentes. Sin embargo, difiere en la lógica propuesta para resolver la falla estructural que, según entiende la oposición, exhibió el sistema de monitoreo estatal.
Estas son las seis claves del proyecto impulsado por la bancada de la UCR. La última introduce un cambio conceptual de fondo en cuanto al mecanismo para conseguir los antecedentes. Para evitar trámites individuales que pueden derivar en procesos engorrosos y burocráticos, el nuevo esquema pone el foco en la capacidad del propio Estado para acceder y actualizar la información de manera permanente.
1. Crea un sistema permanente de control
La principal novedad es la creación de un Sistema Municipal de Actualización Permanente de Antecedentes, que alcanzaría al personal de planta permanente, planta transitoria y contratados. La verificación sería anual —mientras que el proyecto del Ejecutivo la fija cada seis meses— y pondría fin a la lógica vigente del Estatuto municipal: el control dejaría de ser un requisito inicial para convertirse en un mecanismo continuo.
2. Introduce la figura del “monitoreo preventivo”
El proyecto opositor establece que, si surge información vinculada a imputaciones penales o infracciones contravencionales, la autoridad de aplicación podrá evaluar medidas preventivas compatibles con la naturaleza de las funciones desempeñadas, mediante un acto administrativo debidamente fundado.
Aquí aparece una discusión jurídica y política relevante: ¿qué ocurre con un agente imputado pero no condenado? ¿Hasta dónde puede llegar una medida preventiva? ¿Existe riesgo de afectar el principio de presunción de inocencia?
El texto intenta blindarse frente a esas objeciones al aclarar que la detección de antecedentes no implica automáticamente sanciones ni cesantías y que, en todos los casos, deberá respetarse el debido proceso.
3. Busca institucionalizar el intercambio de datos con organismos provinciales
La iniciativa promueve, a través de una ordenanza, la autorización para suscribir convenios con el Ministerio de Seguridad, la Policía, el Poder Judicial y otros organismos, con el objetivo de acceder periódicamente a información actualizada.
Este punto se vincula con la estrategia de digitalización ya implementada tanto por la Provincia como por el municipio mediante las plataformas CiDi y VeDi. Desde una lectura política, el mensaje es claro: la tecnología necesaria para realizar estos controles ya existe y, por lo tanto, las limitaciones operativas no pueden ser una excusa para la falta de seguimiento.
4. Evita una lógica punitiva explícita
Uno de los aspectos centrales del proyecto es que insiste en varias oportunidades en que la medida no tiene fines sancionatorios, sino preventivos. Esa reiteración no parece casual.
El concejal radical parece anticiparse a eventuales cuestionamientos sindicales o de sectores garantistas respecto de posibles mecanismos de persecución laboral o afectación de derechos.
Por ese motivo, incorpora cláusulas específicas sobre confidencialidad de datos, protección de la información personal y respeto de las garantías constitucionales.
5. Instala una discusión más amplia sobre la idoneidad
El fundamento político de la iniciativa es que actualmente el Estado verifica antecedentes únicamente al momento del ingreso y luego pierde capacidad de seguimiento.
A la luz del femicidio de Agostina Vega, cuyo principal acusado es Claudio Barrelier —ya desvinculado del municipio—, la UCR busca abrir una discusión más amplia sobre los estándares permanentes de idoneidad que deben regir para quienes ejercen funciones públicas.
6. El “inciso Moreno”, incorporado a las funciones de la Dirección de Personal
El proyecto del Ejecutivo propone modificar el artículo 44 de la Ordenanza 7.244 —Estatuto del Personal Municipal—, de modo que cada agente deba acreditar, mediante los trámites correspondientes, las condiciones de buena conducta a través de certificados de antecedentes nacionales y provinciales sin causas ni condenas penales.
La iniciativa radical, en cambio, incorpora un inciso M al artículo 78 de la misma normativa, que establece las funciones inherentes a la Dirección de Personal. Allí crea un sistema único de actualización permanente de antecedentes para todo el personal municipal.
De este modo, el municipio podría acceder a la información mediante convenios con organismos provinciales y nacionales y tenerla, según remarcó Piguillem, “en la pantalla de la autoridad de aplicación” de manera digital. La propuesta apunta a trasladar la carga del control desde el trabajador hacia el propio Estado, eliminando buena parte de la burocracia asociada a los trámites individuales de cada agente municipal.
