Yo estoy bien junto a mi familia


“Estoy, después de 20 años, junto a mi familia”. El ex concejal de Marbella Carlos Fernández, el último prófugo de la trama de corrupción que saqueó el ayuntamiento costasoleño en la época dorada de Jesús Gil, aterrizó en las últimas horas en Madrid, más de dos décadas después de que huyese de las autoridades y se refugiase en San Juan, donde ha vivido todo este tiempo.

Fernández habló con EL MUNDO, y dijo que se encuentra en territorio español, que ha vuelto a casa, junto a sus familiares, y ha asegurado que no ha sido detenido. “Yo estoy bien junto a mi familia”, insistió.

Su regreso coincide con el inicio, el próximo día 5 de noviembre, del juicio por el denominado caso Saqueo II en la Audiencia Nacional, en el que está acusado de participar en el desvío de 70 millones de euros de las arcas municipales a través de empresas públicas y privadas y de un fraude a la Seguridad Social por valor de 91 millones de euros.

Según informe Efe, el ex edil se entregó voluntariamente en el aeropuerto de Barajas para ponerse a disposición de la Audiencia Nacional. Todo apunta a que habría llegado a un pacto de conformidad con la Fiscalía, que se ha mostrado a favor de su puesta en libertad sin medidas cautelares en la vistilla que ha celebrado la sección tercera de lo Penal.

Quien fuera niño bonito de Jesús Gil, se llegó a decir que era su delfín, ha explicado que su vuelta está motivada por el deseo de reencontrarse con su familia, en especial con su padre, que se encuentra enfermo. No es un retorno definitivo, ha puntualizado, porque “tengo y mi trabajo en Argentina”.

Ha explicado, además, que ha viajado sin documentación y con un salvoconducto, por lo que la detención en el aeropuerto ha sido “un trámite lógico y normal”.

Lo cierto es que Fernández lleva tiempo intentando resolver los asuntos pendientes con la Justicia española y llamando a la puerta de la Audiencia Nacional para que retirase la orden internacional de busca y captura que pesaba sobre él desde que se dio a la fuga en 2006. Con esa intención, su abogado y hermano, Antonio Fernández, ha remitido varios escritos en ese sentido al tribunal.

“Ya he sido juzgado”, afirmó a este periódico hace unos meses, aunque para ser precisos solamente fue juzgado por una de las imputaciones que le hicieron y condenado a dos años y medio de cárcel por malversación, por quedarse con 80.000 euros del club de fútbol de San Pedro Alcántara. Eso ocurrió en 2005, pero no llegó a entrar nunca en la cárcel.

Lo hubiera hecho, con toda probabilidad, si se hubiese quedado en España, pero aprovechó que estaba en Galicia —dijo que estaba haciendo el camino de Santiago— para cruzar la frontera y llegar a Lisboa, donde cogió un vuelo a Sao Paulo y, de ahí, se trasladó a Argentina. En el camino, por cierto, paró en un monasterio en León.

Se fue con 3.000 euros en el bolsillo y el pasaporte porque, curiosamente, la orden de búsqueda internacional tardó en activarse. Hay quien dice que con él hicieron la vista gorda porque colaboró en la investigación.

En este tiempo, ha estado fuera del alcalde de la Justicia española, una vez que la extradición a España fue denegada por la Corte Suprema de Justicia de Argentina en el año 2022 al considerar que el delito del que se le acusaba había prescrito.

CASO SAQUEO II

Por el caso Saqueo II, la Audiencia Nacional condenó en 2013 a seis años de prisión al exalcalde de Marbella Julián Muñoz y al exasesor urbanístico del ayuntamiento Juan Antonio Roca por un delito de malversación de caudales por el caso Saqueo II.

Carlos Fernández fue concejal de Deportes por el Grupo Independiente Liberal con Jesús Gil de alcalde; después se pasó al Partido Andalucista (PA) y en 2003 suscribió la moción de censura que desbancó de la alcaldía a Julián Muñoz.

Luego formó parte del Gobierno de Marisol Yagüe, como teniente de alcalde y concejal de Turismo, pero fue expulsado por la alcaldesa junto a otro edil tras denuncias sobre la gestión económica de las áreas a su cargo. Dimitió de la Secretaría local del PA al conocer su condena a dos años de prisión por malversación.

Fuente: El Mundo

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