En su necesidad de hacerse de divisas para mantener un tipo de cambio atrasado, el ministro de Economía, Luis Caputo, recurrió a las mismas prácticas que cuando fue funcionario de Mauricio Macri. Primero fue al FMI y después lanzó un blanqueo, con una adhesión sustancial. Sin embargo, lo recaudado no alcanzó para hacer frente a todos los créditos internacionales, por lo que ahora realizó una formal invitación a las familias argentinas a desahorrar lo que con tanto esfuerzo lograron acumular.
Los argentinos cuentan con más de US$ 200 mil millones “abajo del colchón”, según el Fondo Monetario Internacional. Si a la liquidez se le suman otro tipo de activos no declarados, el Indec estima el guarismo por encima de los US$ 400 mil millones. Estas cifras no solo incluyen los frutos del trabajo de toda una vida, sino también patrimonios ocultados al fisco y las ganancias de actividades ilícitas.
Esta no es la primera vez que un gobierno pretende traer los dólares alojados fuera del sistema. Ya había anunciado exactamente lo mismo Domingo Cavallo en 1992, como recordó el exministro de Justicia Martín Soria en “X” (Twitter). Más recientemente también se inclinaron por los blanqueos los gobiernos de Cristina Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández y en 2024 el de Javier Milei. Hace tan solo un año, el Presidente ya intentó bancarizar dinero de origen dudoso con un importante acatamiento, pero que lejos se quedó de las necesidades de su gestión.
La aprobación del nuevo programa del FMI a la gestión libertaria no logra cubrir las deudas de Argentina ni la sangría de reservas de los últimos meses. El total del pasivo en los próximos diez años con el Fondo ascendió a US$ 72.487 millones, de acuerdo con cálculos del Instituto Argentina Grande.
Esto, en un contexto en el que el Gobierno estableció que el Banco Central no reforzará sus activos en el mercado de cambios a menos que baje el dólar. Se trata de una situación compleja, puesto que el primer semestre es en el que fluyen más billetes por la cosecha.
Comprar un paquete de fideos en el supermercado con los ahorros de toda una vida es la solución que encontró el Gobierno. Es que el derrumbe del poder adquisitivo de las jubilaciones y los salarios (con cepo a las paritarias) obliga a cada vez más ciudadanos a recurrir al colchón para llegar a fin de mes.
El Ejecutivo pretende reactivar un consumo que considera reprimido. En un informe preliminar, LCG aclaró que con esta medida, la compra de bienes registrables (vehículos, inmuebles) dependerá “no solo de si esa información la sigue recibiendo ARCA por otro lado que no sea concesionarias y escribanos (por ejemplo, registros de la propiedad automotor y de inmuebles), sino también del uso que le dé el fisco y de cómo la sociedad percibirá será ese uso”. Lejos de la simplicidad del comunicado de prensa de Presidencia, esto apunta a una dinámica más intrincada. “Son estos bienes registrables los que suelen ser el destino deseado de la mayor parte de los ahorros no declarados (incluyendo los de actividades ilícitas)”, explicó.
La consultora destaca un problema trascendental de esta medida: “Cuanto mayor sea el estímulo para el uso de ahorros pasados no declarados, mayor será el estímulo a subdeclarar ingresos y ahorros en el futuro. Stocks pasados y flujos futuros son dos conjuntos diferentes, pero muy difíciles de separar. Así, no está claro que haya también un objetivo de reducción de carga impositiva indirecta y decididamente poco virtuosa dado que será a través de menores incentivos a facturar. Si fuera el caso, esto dificultaría la reducción de alícuotas impositivas como había sido anunciado, y traería aparejado un aumento de la informalidad, no una disminución”.
Por supuesto que esto no escandalizaría a quien anunció que vino a “destruir al Estado desde adentro”. La operatoria en moneda extranjera sin controles también facilita y le ahorra costos al narcotráfico. Antes de asumir la presidencia de Ecuador, Daniel Noboa había admitido que la dolarización ayuda a estos grupos, puesto que “no tienen que cambiar moneda para hacer movimientos internacionales”, había declarado en una entrevista. Elevar los montos a $ 50 millones para no ser fiscalizados también colabora a quienes pretendan llevar adelante actividades por fuera de la ley.
No preguntar el origen de los fondos puede traer aparejados inconvenientes adicionales, como ser reprimendados por los organismos que combaten el lavado, como el Grupo de Acción Financiera Internacional, lo que podría poner en aprietos a compañías cuyas casas matrices o reguladores les exigen tener estrictos controles. A favor de Milei, consiguió el aval del FMI de antemano y las auditorías del GAFI suelen darse al finalizar la gestión.
Pero el ministro Caputo no predica con el ejemplo. Le propone a los argentinos a traer los dólares al sistema local, mientras él no lo hace. Para ser justos, tampoco se los confió a la gestión que realizó con Mauricio Macri ni estuvo en el país cuando estalló la primera de aquellas corridas cambiarias, sino que aprovechó para una escapada a una playa brasileña. De acuerdo con su última declaración jurada, el principal economista libertario posee el 90% de su patrimonio en el exterior y no confirmó si lo repatriará cuando fue consultado por el periodista Jonathan Heguier en conferencia de prensa. Al ofenderse eludió si movilizará su patrimonio distribuido entre Estados Unidos y otras guaridas fiscales. Mientras tanto, argentinos, nosotros sí estamos invitados a desahorrar.
