La pelea por los recursos subnacionales se recalentó en las últimas semanas. Mientras que los gobernadores sufren los efectos de la caída de la coparticipación por la crisis económica, que los obliga a mantener abierto los canales de diálogo y negociación con el presidente Javier Milei, los intendentes alertaron por un redoble de la embestida contra las tasas municipales que realizó el Gobierno nacional. Para los jefes comunales, el ataque no responde a un reclamo de orden fiscal de las arcas locales, sino a una “necesidad de sumisión hacia los presupuestos independientes” que no deben reportar en Casa Rosada.
El intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, rechazó la embestida del Gobierno contra el cobro de tasas municipales y acusó a la gestión libertaria de manejarse con un “nivel de cinismo e hipocresía” inédito en perjuicio de las comunas. En medio del debate abierto sobre la presión fiscal, el mandatario recordó que durante su mandato eliminó 170 tributos y fijó su postura frente a las políticas de recorte: “Una cosa es la eficiencia del sistema y otra cosa es mutilar al Estado para dejar de prestar los servicios básicos que nos corresponde al resto de la comunidad”.
Días atrás, el intendente de Córdoba Capital, Daniel Passerini, expuso que la incidencia de las tasas municipales en la presión fiscal total es de “apenas un 0,9%”. La rebelión de los intendentes surgió a partir del triple apriete que sufren las comunas: menor recaudación municipal por la caída de la actividad económica que afecta a comercios e industrias locales; nuevas inversiones, ante la retirada de áreas sociales que antes contenía el Gobierno nacional; y el desgaste político por la acusación de que la carga impositiva que suman las tasas retrasa el descenso de la inflación.
El objetivo de asfixiar la autonomía municipal
El núcleo del conflicto político se centró en la presión del Gobierno nacional para asfixiar las arcas locales. Según explicó Sujarchuk, en declaraciones a Radio Con Vos, el oficialismo atacó a los municipios porque representan el “único presupuesto independiente” y buscaron obligar a los jefes comunales a “arrodillarse ante el Poder Ejecutivo y doblegarse ante él”. En esa línea, aseguró que el objetivo final de la administración central consistió en “romper la economía de los municipios para que nadie pueda tener libertad económica y soberanía política”, con el único fin de lograr “la sumisión” de los dirigentes territoriales.
Para exponer esta contradicción, el jefe comunal contrastó los reclamos de la Nación con los aumentos avalados por la propia gestión. Tras señalar las quejas del Gobierno sobre la Tasa Vial, advirtió: “No arreglan las rutas nacionales, por más que cobran fortunas en el impuesto a las naftas que aumentó un 2.300%”. Asimismo, detalló que se incrementó “alrededor de 900% la tarifa eléctrica”, los peajes sufrieron un alza del 900% y el transporte de pasajeros trepó “casi el 1.000%”. “Todo aumentó una fortuna y hablan de las tasas municipales”, cuestionó, para luego tildar a los funcionarios nacionales de “caraduras”.
Industricidio, estanflación y caída de la recaudación
Toda esta disputa fiscal se desarrolló en un escenario que el intendente definió tajantemente como un “industricidio”. Advirtió que la caída de la actividad golpeó de manera clave el “corazón económico” de su distrito, cuya matriz no depende del petróleo, el gas o la minería, sino que se sostiene en el turismo, las pymes y la industria local. Ante una red en “retroceso permanente”, subrayó que se generó una merma enorme en las ventas minoristas y mayoristas, lo que derrumbó la recaudación municipal propia y la coparticipación a causa del “ahogo financiero” que sufrió la provincia de Buenos Aires.
“En este momento tenemos estanflación, que es caída de la actividad económica con inflación, que es un fenómeno aún más grave que la inflación moderada”, evaluó el mandatario. Aunque se mostró de acuerdo con alcanzar el equilibrio fiscal y la estabilidad monetaria, aclaró: “Lo que no puede haber es que el ajuste sea esencialmente al trabajador y que a la gente no le alcance la guita para llegar a fin de mes”. Como reflejo de esta crisis económica, puntualizó que el índice de endeudamiento bancario comercial saltó del 1,5 en 2023 al 2,5 en 2025, a la vez que la demanda de asistencia social y alimentaria se multiplicó por 1,7.
Retiro de la asistencia social y crisis sanitaria
A medida que los recursos mermaron, las exigencias sociales crecieron por la retirada de la asistencia nacional. Sujarchuk relató que el Ejecutivo dejó “completamente abandonada la microeconomía” y cesó la provisión de insumos críticos, como la leche maternizada especial para bebés de hasta seis meses de vida. Frente a esto, señaló que los intendentes se vieron obligados a “parchar aquellas acciones que durante décadas aportó el Gobierno nacional y ahora se retiró”. En su distrito, apuntó que esta desinversión también se reflejó en la existencia de 40 obras públicas inconclusas.
Esta retirada de fondos, además, impactó de lleno en las áreas sociosanitarias más sensibles para la población. El funcionario denunció una completa desatención en temas de discapacidad, la cobertura de PAMI, el calendario de vacunas y programas como Remediar y Mil Días. “Todo esto, ¿y en dónde ves el resultado? En que por primera vez vuelve a crecer la mortalidad infantil en la Argentina cuando venía bajando de manera sustancial”, sentenció. “Entonces, una pregunta que nos podemos hacer entre todos es: la economía sirve cuando mejora la calidad de vida, sino, ¿para qué sirve este modelo económico?”, cuestionó.
Seguridad municipal frente a la falta de recursos
En materia de seguridad ciudadana, Sujarchuk recordó que, pese a la asfixia de recursos y al retiro de fuerzas federales como la Gendarmería, la comuna asumió el costo de reforzar la prevención en las calles. El mandatario remarcó que hace un año creó por ordenanza la Policía Municipal, equipada con armas de baja letalidad, medida que le permitió reducir el robo automotor a la mitad y concretar la detención de más de 500 personas. En ese sentido, destacó la necesidad de una ley provincial para regular a estas fuerzas de proximidad y otorgarles mayores facultades de acción de manera complementaria con la policía bonaerense.
Para ilustrar este esfuerzo municipal, el jefe comunal contrastó los salarios policiales de su distrito con los de jurisdicción nacional. Precisó que un efectivo de su Policía Municipal percibe un salario inicial de $1.150.000 sin horas extras, cifra que superó holgadamente los $800.000 de la Policía Federal, una fuerza que consideró “muy mal paga”. Además, el intendente sumó a la comparación salarial a las fuerzas provinciales, al fijar postura sobre la administración bonaerense en el actual contexto económico: “Le paga mejor a la bonaerense de lo que Milei le paga a la Federal”.
