Minutos después de las 14 de este jueves 10 de julio y con un total de 42 senadores presentes en sus bancas, el Senado superó el quórum y activó una sesión que pone en jaque al oficialismo. La vicepresidenta del cuerpo, la kirchnerista Silvia Sapag, abrió formalmente la jornada impulsada por una oposición autoconvocada. Pero pocos minutos después, mientras sonaban las estrofas del Himno Nacional, bajó al recinto Victoria Villarruel y tomó el control de la conducción.
La sesión captó la atención de todo el arco político por el temario que combina medidas sociales sensibles, demandas provinciales y un claro mensaje al Gobierno nacional de parte de los mandatarios provinciales. En un escenario de extrema debilidad parlamentaria, el presidente Javier Milei ya había anticipado su decisión: vetará cualquier iniciativa que afecte el equilibrio fiscal, sin importar su origen ni su impacto.
Además de los senadores de Unión por la Patria, bajaron al recinto algunos legisladores de la UCR, como Martín Lousteau, del PRO como la larretista Guadalupe Tagliaferri, y también se sentaron en sus bancas representantes de fuerzas provinciales, entre ellos los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, la rionegrina Mónica Silva y la cordobesa Alejandra Vigo, cercana al gobernador Martín Llaryora.
La agenda que incomoda al Ejecutivo
Fueron siete los temas puestos a consideración en el temario. Tres de ellos llegaron con media sanción de la Cámara de Diputados, que los aprobó el pasado 4 de junio: el aumento para los haberes jubilatorios, la prórroga de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad.
Si el Senado los aprueba sin modificaciones, los proyectos se convertirán directamente en ley. De esas tres iniciativas, el aumento y la emergencia en discapacidad son los que tienen mayores chances de avanzar. Sin embargo, su aprobación dependía de un debate reglamentario previo sobre el tratamiento que debían recibir en la Cámara alta.
El presidente Javier Milei, por su parte, ya avisó que vetará cualquier proyecto que logre el respaldo parlamentario. La amenaza abarca todas las iniciativas que, según su mirada, comprometan el objetivo de déficit cero que defiende el Gobierno desde su asunción.
Horas antes, hubo una reunión de los gobernadores ex Juntos por el Cambio (Macri, Frigerio, Torres, Valdés, Cornejo, Pullaro, Orrego, Poggi, Sadir, Zdero) y sus senadores, donde definieron no votar los proyectos que ya tienen media sanción (jubilaciones y discapacidad). Solo votarían, después de un cuarto intermedio, las propuestas que enviaron ellos mismos (ATN y combustibles). Milei había dicho que querían “romper todo”, y su intención es mostrar que no es así.
La presión de los gobernadores
Otro bloque clave del temario está relacionado con demandas de los mandatarios provinciales, que ganaron protagonismo en la previa a la sesión. Uno de los proyectos plantea una reforma en la ley que regula el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), un instrumento que permite al Ejecutivo asistir financieramente a las provincias.
El otro, también con fuerte respaldo de las gobernaciones, busca modificar el esquema de distribución del impuesto a los combustibles líquidos entre Nación y provincias. Ambos proyectos apuntan a recomponer parte de los recursos que los distritos perdieron tras el ajuste fiscal de los primeros meses de la gestión libertaria.
Otros puntos calientes: Bahía Blanca e YPF
Además, la Cámara alta debatió sobre el veto presidencial a la ley que declaraba la emergencia en Bahía Blanca, una norma sancionada tras el trágico temporal que azotó a esa ciudad bonaerense a fines de 2023. El rechazo del Ejecutivo a esa ley había sido leído como una señal de tensión con la oposición y con parte del oficialismo provincial.
Finalmente, el temario incluye un pronunciamiento en torno a la decisión de la Justicia de Estados Unidos respecto al caso YPF, en el marco de la demanda multimillonaria por la expropiación de la petrolera en 2012. Si bien no tuvo efectos prácticos inmediatos, el punto permitió a los senadores volver a cruzar posiciones en torno al rol del Estado en empresas estratégicas y las consecuencias de aquella estatización.
La sesión, que combina ejes sociales, económicos y políticos, deja expuesta una nueva fractura en el vínculo entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. La amenaza de veto sobrevoló todo el debate previo, pero no logró impedir que la oposición —con alianzas parciales y transversales— se uniera para enviarle un mensaje directo a la Casa Rosada.
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