La creación de un cargo de Defensor del Pueblo Adjunto especializado en Adultos Mayores, que propone la diputada justicialista Stella Caparrós, antes de analizarse en las comisiones parlamentarias ya levanta polvareda y genera rechazo del oficialismo. La idea acaba de ser presentada en un proyecto de ley durante la última sesión extraordinaria de la Legislatura local y no pasó desapercibida en el arco político local. Esto, porque patea el avispero en un organismo que ya tuvo sus disputas entre el PJ y el orreguismo, por el espacio de poder que representa.
De antemano, la iniciativa cuenta con el “no” del oficialismo. El vicegobernador Fabián Martín dijo que en el marco de austeridad que buscar sostener el orreguismo no cabe la creación de nuevos cargos y, además, que el abordaje de esos casos ya los hace la Defensora del Pueblo, Florencia Peñaloza.
Caparrós busca modificar la ley 344-E que regula a la Defensoría del Pueblo, que tiene como cabeza al defensor del Pueblo, figura creada en San Juan en 1986 para proteger los derechos de los ciudadanos sin recibir instrucciones ni mandato de ninguna autoridad. La peronista quiere sumar a la estructura un cargo: el de defensor de Pueblo Adjunto para los Adultos Mayores. En la entidad ya existen dos defensores del Pueblo Adjuntos, que actúan en tándem con su superior en los mismos asuntos generales.
El proyecto de la justicialista propone que el Defensor Adjunto para Adultos Mayores sea designado por el mismo procedimiento que el Defensor del Pueblo de la Provincia, es decir, por resolución de la Cámara de Diputados. Y que los requisitos para postularse sean los mismos que para ese rol, agregándole en este caso la “idoneidad acreditada en asuntos referidos al Adulto Mayor”. Los otros dos defensores quedan igual que ahora, propuestos por el Defensor del Pueblo y ratificados por resolución de la Legislatura.También se propone que el cargo de Defensor de Adultos Mayores dure lo mismo que el Provincial, es decir, cinco años, con una sola reeleción y que, pasado el intervalo de un mandato, puede ser elegido y reelegido nuevamente. Además, se propone que este nuevo puesto gane un sueldo equiparable al de los Jefes de Reparticiones de Primera (categoría 24).
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La diputada Stella Caparrós en el recinto.
Para la justicialista, creando este defensor específico, “tratamos de ayudar más que nada a todas las personas adultas mayores. Creo que en este último tiempo ha habido un aumento considerable de maltrato hacia ellos y tenemos que tener una herramienta importante para defenderlos”. Aseguró que viene “estudiando esta problemática hace bastante tiempo y nos pareció oportuno presentar este proyecto ya que la principal forma de maltrato a los adultos mayores está relacionada con la privación de sus derechos fundamentales y también la falta de oportunidades”.
La legisladora dijo que confía en que su proyecto sea debatido ampliamente en las comisiones donde fue remitido (Justicia y Legislación y Asuntos Constitucionales) y que allí cada bloque podrá dar su parecer. El PJ con ayuda de aliados supo conquistar votaciones al inicio de esta gestión pero últimamente es un final abierto, porque ha sufrido desgranamientos de voluntades en algunos temas que no logró imponer en el recinto, a la par que el orreguismo construyó consensos.
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Más noes que síes
De antemano, fuera del PJ el proyecto de Caparrós recibió más rechazo que apoyo y augura un escenario en el que el PJ deberá buscar acuerdos para aprobar la iniciativa, que la misma autora no termina de aclarar si tiene el visto bueno de su bancada o es obra personal. Contaría con apoyo del giojismo, que aporta dos votos, el resto se maneja con cautela, según una ronda de consultas de TIEMPO DE SAN JUAN.
El giojista Mario Herrero opinó que el proyecto es viable en lo legislativo y “en lo político debiera serlo”. Analizó que “entiendo que es necesaria una funcion de ‘defensa’ de esos intereses que nuestra sociedad actual (local y nacional) ha ‘descuidado’ injustamente”. A la par analizó que “el único inconveniente que yo le reconozco a la figura, incluso a la del Defensor del Pueblo u Ombudsman, es que la ‘autoridad’ de su actuacion carece de ‘imperium’ (no puede obligar a cumplir) y solo se basa en la autoridad que la ‘figura’ y ‘su persona’ tienen y les reconoce la comunidad. Es, ciertamente, un talón de Aquiles”. Aclaró que “no he estudiado aun el proyecto, pero la iniciativa considero que es buena”.
En cambio, la cara más visible del oficialismo en la Legislatura de San Juan, Fabián Martín, fue taxativo con su rechazo: “Desde el Gobierno Provincial venimos trabajando en achicar el gasto, tal como lo ha solicitado el gobernador, por lo tanto entiendo que no es momento de crear nuevos cargos, menos aún cuando existe el cargo de Defensor del Pueblo que en este momento lo ostenta Florencia Peñaloza y que tiene como propósito defender los derechos de los sanjuaninos, incluidos ahí los de los adultos mayores”, recalcó.
Los aliados del oficialismo tampoco están convencidos. Desde el PRO, Enzo Cornejo, sostuvo que “en un primer análisis podría considerarse poco práctica la creación de este defensor del pueblo adjunto para adultos mayores ya que no se han comprobado las falencias o la necesidad de reforzar la protección de nuestros adultos. Deberíamos evaluar en base a la experiencia y necesidad sin olvidar las bases sentadas por la Convención Interamericana sobre la protección de los Derechos Humanos de las personas mayores”. Agregó que “desde nuestro bloque vamos a evaluar la necesidad y la practicidad en este contexto, siempre con el espíritu de fortalecer los derechos de los menos favorecidos”. Por lo bajo, en el macrismo local consideran que no es necesario.
El único libertario en el recinto, Fernando Patinella, dijo que “antes de emitir opinión necesito algunos datos que ya estamos gestionando, recién ahi voy a poder evaluar la necesidad y oportunidad de ampliar la estructura de la Defensoria”.
Más decidido por la negativa se mostró Luis Rueda, que dirige el bloque bloquista con cuatro integrantes, que en esta gestión se independizó del PJ y que viene jugando en algunos asuntos junto al orreguismo. Dijo que “si bien entendemos la importancia de garantizar la protección de los adultos mayores, consideramos que la Defensoría del Pueblo ya tiene la función de velar por los derechos de todos los ciudadanos, incluyendo a los jubilados y pensionados”. A la vez, afirmó que “desde el Bloquismo creemos que es fundamental optimizar los recursos y fortalecer las instituciones existentes antes de generar nuevas estructuras. La Defensoría del Pueblo cuenta con herramientas y atribuciones suficientes para abordar las problemáticas de los adultos mayores sin necesidad de crear un cargo adicional”. Finalmente, Rueda acentuó que “entendemos que este proyecto no resulta prioritario ni necesario en este momento”.
Hubo más consultas de TIEMPO a otros legisladores e incluso a la actual defensora del Pueblo, la justicialista Florencia Peñaloza, que no tuvieron respuesta.
Organismo con tensiones
La Defensoría del Pueblo viene siendo terreno de disputas históricas. Primero lo fue el darle periodicidad al cargo creado como vitalicio, que fue una lucha de años y que se consumó recién después de que falleció el titular original de extracción bloquista, Julio César Orihuela, en 2018, tras estar por tres décadas en el cargo. Lo sucedió el justicialista Pablo García Nieto.
En diciembre de 2023, el uñaquismo logró imponer a Peñaloza en el puesto que había quedado vacante al irse García Nieto al Tribunal de Cuentas. Fue en acuerdo con el orreguismo (que designó a uno de los suyos en otro cargo codiciado, como Fiscal de Estado Adjunto, a Sebastián Dávila). Se dio así por primera vez una mujer en la conducción de la Defensoría del Pueblo de San Juan.
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Florencia Peñaloza jurando en diciembre de 2023.
Recientemente este ente estuvo de nuevo en el tapete, cuando Peñaloza tuvo que elegir quedarse como Defensora del Pueblo o irse a la Legislatura como diputada provincial, ya que era la primera reemplazante en la banca tras el sorpresivo fallecimiento del legislador del Frente Grande, Horacio Quiroga, ocurrido en la víspera de Navidad de 2024. Finalmente ella se quedó donde estaba y asumió como legislador Federico Rizo, con lo que el PJ perdió un alfil y la bancada del Bloquismo se empoderó con un nuevo integrante.