por qué los sanjuaninos con obra social se mudan al sistema estatal


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El crecimiento masivo de pacientes en los hospitales y CAPS (Centros de Atención Primaria de la Salud) no es casualidad sino el resultado de múltiples factores, según analizó el ministro de Salud provincial, Amílcar Dobladez. Él lo define como un problema cultural y económico. El funcionario de Marcelo Orrego explicó que el sistema público se hizo “más accesible”, pero también que el sector privado se volvió “expulsivo” para sus propios afiliados.

“Si yo tengo en la periferia una persona con obra social, una obra social sindical o una prepaga, y se le enferma el niño, la mamá tiene que viajar con el niño en colectivo y ya tiene entre 10.000 pesos de pasajes. Si va al médico que le cobra un plus de 20.000 o 30.000 pesos, ya tiene 40.000. Y si le dan dos medicamentos básicos donde la cobertura es del 40%, cualquier receta no baja de 25.000 pesos. Entonces la ida con un niño a la parte privada le sale 50.000 pesos a la persona y no los tiene. ¿A dónde va? A la parte pública que tiene hospital y centro en cualquier punto y donde todo es gratis, incluidos los medicamentos”, detalló el Ministro en diálogo con TIEMPO DE SAN JUAN.

Dobladez también hizo hincapié en la excesiva burocracia que traba la atención en las empresas de medicina prepaga. “Las obras sociales han burocratizado mucho la asistencia. El paciente que tiene que ir a pedir que le autoricen una placa radiográfica y espera una semana para la autorización, directamente va a una guardia de salud pública. Se hace la placa y, aunque tenga que esperar dos o tres horas, la tiene en el día. Han burocratizado la asistencia, demoran la atención, tienen menor cobertura y cobran plus en todos lados. Eso es expulsivo para el paciente”.

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Amílcar Dobladez junto a Marcelo Orrego, en una de las inauguraciones de infraestructura sanitaria en San Juan.

Amílcar Dobladez junto a Marcelo Orrego, en una de las inauguraciones de infraestructura sanitaria en San Juan.

En resumen, el fenómeno del traspaso masivo de pacientes al sistema estatal, para Dobladez, es un proceso “multifactorial”, donde se combinan decisiones políticas de gestión con una crisis de accesibilidad y costos en el sector privado. Para él, estas causas se pueden resumir en estos ejes:

-Mayor accesibilidad y digitalización: El Estado ha facilitado el ingreso al sistema. La implementación de un chatbot para turnos permitió pasar de un promedio de 18.000 a 52.000 turnos mensuales, lo que atrae a más personas que antes se veían frustradas por la falta de atención.

-Fortalecimiento de la periferia: Se mejoraron los Centros de Atención Primaria (CAPS) y se sumaron servicios de alta complejidad en hospitales alejados (como maternidad, oncología y tomógrafos en Jáchal). Al estar estos servicios disponibles cerca de sus casas, los pacientes -tengan o no obra social- dejan de viajar a la ciudad y eligen el hospital público de su zona.

-Falta de infraestructura privada en el interior: Fuera del anillo de la Circunvalación, la actividad de salud privada “es casi inexistente” y no hay camas de internación privadas. Esto obliga a cualquier afiliado de una obra social que viva en departamentos alejados a atenderse necesariamente en el hospital público.

-Costos y burocracia: El ministro remarcó que atenderse de forma privada hoy expulsa a sus afiliados por los altos costos y la persona prefiere esperar pero atenderse al fin y gratuitamente. Por otro lado, el sistema privado se ha burocratizado al punto de demorar una semana en autorizar una simple placa radiográfica. Ante esto, el paciente prefiere ir a una guardia pública y esperar menos.

-Servicios exclusivos del sector público: Existen prestaciones de alta complejidad, como la oncohematología, que solo se ofrecen en el sistema público de San Juan, lo que obliga incluso a los sectores con mayor poder adquisitivo a recurrir al Estado.

Salarios

Para enfrentar esta demanda récord, la provincia tuvo que reorganizar su recurso humano y ofrecer condiciones salariales competitivas que, según afirmó Dobladez, la ubican en un lugar de privilegio a nivel nacional. El objetivo es evitar el éxodo de profesionales y asegurar que haya especialistas en cada rincón del territorio.

“El sueldo promedio de médico y enfermero de San Juan es el segundo en el país, solo nos gana Tierra del Fuego. Esto se logró con trabajo conjunto con la parte sindical y gremial. Dada la situación económica del país y la baja de coparticipación, el personal de salud está muy bien posicionado”, aseguró, incluso atrayendo profesionales de otras provincias.

El esquema de horas extras, de “ampliación horaria”, fue la clave para cubrir las zonas más distantes. “Implementamos un sistema donde el valor de la hora extra puede llegar hasta el 150% en lugares como Jáchal o Iglesia. Eso hace que un médico que hace guardias en departamentos alejados esté cobrando más de un millón de pesos por guardia, que al mes son casi tres millones y medio de pesos aparte del sueldo. Esto nos permitió retener a los colegas que antes se iban a Chile a hacer guardias por el mismo dinero; ahora prefieren quedarse acá”, afirmó Dobladez.

También en San Juan se apuesta a mejorar la infraestructura sanitaria.

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Inversión del sector privado en tándem con la minería

El ministro sostiene que el Estado no puede ser el único prestador y que es necesario que el sector privado acompañe el crecimiento de la provincia, especialmente en las zonas donde la minería genera empleo formal y, por ende, nuevos afiliados a las obras sociales.

“Debemos exigirles a las obras sociales que mejoren su cobertura porque van a tener un caudal de asociados muy grande por la minería. Estamos trabajando en cómo articular con la parte privada para que sea seductor invertir en esos departamentos. No hace falta poner un quirófano o internación en todos lados, con que se tenga asistencia básica y se puedan tomar muestras de laboratorio en la periferia es suficiente para descongestionar lo público. Si yo sigo recibiendo a todos los pacientes con obra social en la parte pública, me transformo en un competidor desleal porque mis recursos son mayores”, analizó.

Recupero de costos

En el sistema de salud pública de San Juan, los pacientes que cuentan con obra social o prepaga son atendidos de la misma manera que aquellos que no tienen ningún tipo de cobertura. Aunque constitucionalmente el sistema estatal está pensado primordialmente para urgencias, personas de bajos recursos y servicios complejos que no existen en el sector privado, en la práctica actual se les brinda una atención integral y gratuita, incluyendo las consultas ambulatorias y enfermedades crónicas.

El ministro Dobladez, aseguró que históricamente “ha sido muy difícil cobrarle a las obras sociales” por las prestaciones que sus afiliados reciben en el sistema público. Ante esta situación, el funcionario detalló las medidas que se están tomando para revertir esta problemática.

Tras finalizar la feria judicial en febrero, el Ministerio activó ejecuciones fiscales con embargos de cuentas contra las obras sociales que no habían pagado sus deudas. Debido a estos embargos y a las costas judiciales que conllevan, muchas entidades empezaron a acercarse al Ministerio para firmar convenios y ponerse al día con sus pagos.

Dobladez destacó la importancia de la nueva ley provincial de recupero de costos para poner orden en el sistema. “La ley de recupero de costos busca que sea más caro para la obra social que su afiliado se atienda en salud pública que en la parte privada. Debo ser más caro para que la obra social mande a su afiliado a donde corresponde. Si a mí me sacaran ese 60% de pacientes que tienen cobertura pero vienen igual, imaginen la calidad de servicio que podríamos dar. Tenemos que pensar un San Juan de acá a 20 o 30 años, no podemos vivir pensando solo en lo urgente y olvidarnos de lo importante”.

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La nueva ley provincial de recupero busca que atender a un afiliado en el hospital público sea “más caro para la obra social que en el sector privado”. El objetivo es que las prestatarias prefieran derivar a sus pacientes a clínicas privadas para evitar los costos más altos del sistema estatal.

El Ministro afirmó que, idealmente, él no quisiera recuperar “ni un solo peso”, ya que si eso sucediera significaría que el sistema está ordenado y que cada paciente se está atendiendo en el lugar que le corresponde según su cobertura.

El funcionario enfatizó que este sistema de recupero es fundamental para que el Estado pueda recuperar el dinero invertido en pacientes con cobertura y así garantizar la subsistencia y calidad del sistema de salud pública.

El funcionario orreguista proyecta un futuro donde el sistema de salud logre un equilibrio operativo que hoy se encuentra tensionado por la crisis de la medicina privada. Para el funcionario, el objetivo a largo plazo es “limitar la atención a lo constitucional”, permitiendo que el sector público se enfoque prioritariamente en las urgencias y en quienes no tienen recursos, mientras se exige a las obras sociales que mejoren su oferta.

Insistió en que la gestión actual debe trascender la urgencia diaria para ocuparse de “lo importante”, lo que implica planificar la estructura sanitaria para las próximas tres décadas. Esto incluye la inversión en la formación de especialistas que demandan años de preparación fuera de la provincia, bajo la premisa de que “tenemos que pensar en un San Juan de acá 20, 30 años”. Analizó que se ha llegado a un “techo” en la cantidad de consultas por población, y sostuvo que el éxito rotundo de su política se alcanzaría cuando la Ley de Recupero de Costos sea innecesaria.

Un sondeo revelador

Una encuesta realizada en los últimos días por TIEMPO DE SAN JUAN entre sus lectores revela la creciente inestabilidad del sistema sanitario al analizar cómo los residentes gestionan su atención médica en un contexto económico complejo. Los resultados exponen una notable fragmentación social, donde una gran parte de los participantes depende exclusivamente de la salud pública o carece de cobertura privada histórica.

El estudio subraya una tendencia hacia la precarización del consumo de servicios, evidenciada por aquellos que se ven obligados a migrar hacia opciones más económicas o abandonar el sector privado. En última instancia, las cifras reflejan una crisis de permanencia y acceso, contrastando a una minoría que logra mantener su prestador habitual frente a una mayoría que debe adaptar su cuidado personal a sus limitaciones financieras.

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