Para que Argentina logre el objetivo que propuso el mismo presidente Javier Milei de convertirse en una economía competitiva y con desarrollo sostenible, necesita una condición básica: infraestructura. Esa fue la premisa principal del documento debatido en un desayuno de trabajo organizado por la Cámara Argentina de la Construcción (delegación Córdoba), donde se presentaron cifras concretas y argumentos económicos que refutan algunos mitos instalados sobre la obra pública.
El informe sostiene que no existe una relación automática entre inversión en infraestructura y crecimiento económico, pero sí hay una alta correlación positiva cuando existe una brecha de infraestructura significativa y se definen prioridades claras de inversión. En esos casos, el impacto sobre el crecimiento y el empleo puede ser sustancial.
La deuda también entra en escena: el informe descarta la idea de que endeudarse para hacer infraestructura sea inmoral. “La inmoralidad solo existe si se deja más deuda que infraestructura”, señala el texto, y añade que sería igualmente injusto que una generación actual financie todo lo que usarán las futuras, sin financiamiento.
Modelos chileno y británico
Uno de los principales puntos del análisis es que la idea de que toda la infraestructura puede ser desarrollada por privados es un reduccionismo. Aun en países como Reino Unido o Chile —con altos niveles de participación privada— el rol del Estado es central para atender bienes públicos como caminos, redes de agua o escuelas, que no pueden ser financiados voluntariamente por usuarios individuales.
Además, se destaca que la obra pública puede generar empleo real, especialmente cuando absorbe trabajadores que, de otro modo, estarían desempleados. También mejora la productividad de otros sectores, generando nuevos empleos indirectos durante la vida útil de las infraestructuras.
Por eso, el informe recomienda pensar la inversión en infraestructura como una política de Estado, con una combinación flexible de financiamiento público y privado, adaptado a cada tipo de obra, al contexto macroeconómico y a la seguridad jurídica del país.
¿Cuánta inversión necesita la Argentina?
De acuerdo al documento, la inversión anual en infraestructura debería sostenerse en torno al 4% del PBI, con una participación pública que ronde entre el 2% y el 2,5%. Hoy el promedio está muy por debajo de esos niveles.
No resulta tarea simple estimar necesidades de infraestructura. Para ello, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha propuesto una metodología basada en estimar inversiones necesarias para alcanzar objetivos a mediano plazo. Aplicada a Argentina, considerando sólo infraestructura ‘económica’ (la que incide directamente sobre la competitividad), permite estimar una necesidad total por USD 204 mil millones en 10 años, equivalente a 40% del PBI.
En las necesidades básicas, muestran que los dos principales ítems de inversión corresponden a generación y transmisión eléctrica, con USD 74,751 millones (36.6% del total), e infraestructura caminera para el acceso a servicios de transporte en el ámbito rural, con USD 67,396 millones (33.0% del total). Entre ambos suman USD 142,147 millones (69.6% del total).
Los principales ejes de inversión pública y mixta identificados como prioritarios para cerrar brechas estructurales son:
– Construcción de viviendas sociales y para clase media
– Redes de agua potable, cloacas y saneamiento
– Infraestructura vial (urbana, rural y rutas troncales)
– Infraestructura energética (distribución, acceso, energías limpias)
– Hospitales y centros de salud
– Establecimientos educativos
– Infraestructura digital y conectividad
– Obras hidráulicas (defensas, drenajes, manejo de cuencas)
– Parques industriales y logística territorial
– Infraestructura de transporte público y movilidad urbana
Para que esto sea viable, el informe señala que la deuda pública puede ser una herramienta legítima y necesaria, siempre que el balance entre deuda e infraestructura construida sea positivo. En otras palabras, endeudarse no es inmoral si lo que se deja a las próximas generaciones es valor, no sólo pasivos.
El gran agujero: el déficit habitacional
Finalmente, el informe pone números a una de las deudas estructurales más profundas: la crisis habitacional. Para saldarla en una década, Argentina debería construir más de 158 millones de metros cuadrados de viviendas. De ese total, 52 millones serían para sectores pobres, con una inversión estimada de USD 32.793 millones (0,6% del PBI anual), y 106 millones para clase media, lo que implicaría unos USD 133.250 millones (24,1% del PBI).
En Córdoba, se necesitarían 3,9 millones de m² para hogares pobres (USD 2.415 millones) y 9,8 millones de m² para clase media (USD 12.281 millones). Esto implicaría destinar, durante 10 años, un promedio del 0,5% del Producto Bruto Geográfico (PBG) solo para atender la demanda habitacional de los sectores más vulnerables.
El informe advierte que este esfuerzo solo será posible si se combinan planificación, financiamiento sostenible y priorización estratégica. La vivienda es uno de los vectores con mayor impacto económico, social y de dignidad humana.
