El Gobierno nacional, a través de su vocero Manuel Adorni, expresó sus críticas hacia la reacción de la comunidad educativa superior y sus estudiantes luego de que se ratificara el veto a la Ley de Financiamiento Universitario. En conferencia de prensa, afirmó que “tomar una universidad es un delito”, sosteniendo que esta acción no debe ser tolerada.
Su declaración se produjo en un contexto tenso, donde se mostró un fuerte descontento ante las decisiones del Gobierno. El vocero presidencial se solidarizó con “la mayoría de los estudiantes, docentes y no docentes” que desean que las instituciones educativas operen con normalidad y argumentó que el espacio adecuado para discutir los fondos universitarios es “el Presupuesto 2025”, buscando instalar que el debate se realice en ese marco.
Adorni también advirtió que la Justicia deberá determinar si se llevan a cabo desalojos en las universidades ocupadas por estudiantes y personal docente. En su discurso, criticó a lo que denominó la “vieja política”, acusándola de intentar “volver al caos” al sostener que la Ley de Financiamiento Universitario comprometería el equilibrio fiscal del país. Además, enfatizó en los gremios docentes y no docentes que estuvieron demandando mejoras salariales, destacando que, a pesar de la negativa de estos grupos, el Gobierno otorgará un incremento del 6,8% al personal a partir del mes de octubre. Y agregó que los gremios optaron por rechazar el aumento en lugar de aceptar la propuesta y continuar trabajando para mejorar las condiciones laborales.
El funcionario también hizo hincapié en la necesidad de transparencia en el uso de los recursos públicos, mencionando que el 89% de los fondos transferidos entre 2015 y 2022 no habían sido rendidos. Según Adorni, es fundamental que los ciudadanos sepan cómo se gestionan los fondos que aportan para la educación de todos los estudiantes, lo que refleja una postura del Gobierno de mayor control y auditoría sobre las universidades.
Paro total en universidades
En respuesta a esta situación, los sindicatos docentes y no docentes universitarios decidieron llevar a cabo un “paro total” en todas las universidades públicas del país. Esta medida es una reacción directa a la decisión de la Cámara de Diputados de ratificar el veto presidencial a la ley que había mejoraba el presupuesto universitario y compensaba con la inflación de este año los salarios docentes.
Como resultado de esta acción, la mayoría de las universidades nacionales no tendrán clases este jueves, y los gremios amenazaron con continuar sus protestas en el futuro, especialmente ante el recorte de recursos que, según ellos, también afecta el proyecto de Presupuesto 2025.
La Asociación del Personal de la UBA (APUBA) emitió un comunicado en redes sociales, manifestando que “la UBA está de luto” y denunciando que los legisladores que apoyaron al Gobierno “desoyeron una vez más el mandato popular”. Desde el sindicato, señalaron que la votación a favor del veto fue una “bochornosa jornada” que pone en riesgo el futuro de la educación en el país.
Asimismo, el Frente Sindical de Universidades Nacionales condenó la decisión de los diputados que apoyaron el veto, y subrayaron que “la voluntad popular ha sido defraudada” y que la democracia está siendo utilizada para gobernar por decreto.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) también se unió a las críticas, señalando que las decisiones de los legisladores que respaldaron el veto “le dieron la espalda a nuestras universidades públicas”. En su comunicado, las autoridades del CIN advirtieron que el sistema universitario público enfrenta serias dificultades, con el 70% de los salarios docentes y no docentes por debajo de la línea de pobreza. Además, manifestaron que las partidas presupuestarias actuales son insuficientes para el mantenimiento básico de la infraestructura universitaria y que muchas obras están paralizadas por falta de financiamiento.
La tensión entre el Gobierno y la comunidad educativa refleja un conflicto profundo en torno a la educación pública en Argentina. Mientras el Gobierno sostiene que es necesario garantizar el equilibrio fiscal del país, los sindicatos y las autoridades universitarias advierten que las decisiones tomadas están poniendo en riesgo la calidad de la educación y el futuro de los estudiantes. Este enfrentamiento podría tener repercusiones significativas para el sistema educativo, afectando tanto a la calidad de la educación superior como a la situación laboral de docentes y no docentes. La situación actual plantea un desafío crítico para el Gobierno y la comunidad educativa, que deberá encontrar un camino hacia el diálogo y la negociación para evitar una mayor crisis en el sector.
Cuáles son las universidades tomadas en todo el país
JD / Gi