Este viernes, el empresario Miguel Aciar dueño de la constructora DGA Ingeniera y Servicios S.R.L. se unió a la lista del jefe sindical de la Unión Obrera Textil, Hipólito Roberto Vega y al dueño de la empresa constructora Afcom SRL, Francisco Fernández Muñoz. Los tres formalmente están cumpliendo la prisión preventiva impuesta por la jueza Celia Maldonado de Álvarez. Medida que será por el plazo de 20 días y que cumplirá en Subcomisaria Médano de Oro.
Todos están acusados, provisoriamente, del delito de estafas reiteradas. En un primer momento se le imputó este delito a Vega y Fernández; pero a Aciar no porque estaba en calidad de prófugo. Un día después de la formalización -el miércoles- se entregó en Tribunales y este viernes conoció la causa que tenía en su contra. Aciar, en diferencia de los otros dos, está imputado de 21 casos en total, 12 hechos en perjuicio de los denunciantes en el caso Nogales VII y 9 hechos por los presuntos damnificados del caso Textiles II. Es decir que se lo vincula en ambos proyectos.
La maniobra y el modus operandi sería igual a la que el fiscal Duilio Ejarque y su equipo dio a conocer en la primera audiencia (ahora estuvo respaldado por el ayudante fiscal Pablo Ferrer). Detallando que Aciar se comprometió a realizar estos proyectos y nunca hizo nada, le omitió información a los adjudicatarios y no cumplieron los objetivos que estaban en los contratos pertinentes.
Otro dato que dio a conocer fiscalía en esta audiencia es que en el caso del barrio Nogales VII, Aciar se comprometió a pagarle al dueño de este lote (de casi 33 hectáreas) el monto de 1.080.000 dólares, cantidad de dinero exuberante que nunca abonó.
Su empresa DGA se iba a encargar de la “construcción” del barrio que supuestamente iba a ser financiado por el IPV (terreno que nunca fue cedido). Este lugar nunca estuvo en regla y además comenzó a venderlos los terrenos (se cree que 125 en total) sin haber hecho el pago al dueño (es decir, sin ser suyo en papeles).
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Un detalle relevante que dio fiscalía, es que a inicios de este 2025 la empresa le dijo a los compradores que no había podido adquirir este terreno y que iba a realizar el proyecto en otra ubicación. Ante esta situación, Aciar y su socio dijeron que podían seguir adelante con la casa o les devolvían el dinero. Esa plata nunca fue devuelta.
Además de quedar imputado y con prisión preventiva, la jueza embargó las cuentas bancarias e inhibió los bienes del ahora imputado, de sus tres hijos y la de su esposa. La defensa de él a cargo de Andrea Román solicitó que su cliente quedara en libertad porque necesita seguir trabajando para cumplir con estos proyectos. Además, dijo que esta causa debería tratarse en el Fuero Civil porque este hecho es incumplimiento contractual, no una estafa. “Necesita continuar con el desarrollo y no se ensucie su nombre”, expresó.
