Después de que el presidente Javier Milei designara por decreto a a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como miembros de la Corte Suprema y la polémica estallara, Tiempo de San Juan consultó con juristas sanjuaninos sobre el cimbronazo que causó el DNU y en su mayoría coincidieron con que se trató de un atropello a las instituciones, dentro del marco del estado de derecho y el Derecho Constitucional.
Martín Zuleta, abogado penalista con alto nivel de exposición y cercano al espacio de ADN, sostuvo que si bien el procedimiento está avalado por la Constitución Nacional, la cuestión política empaña la historia dado que una de las figuras elegidas resulta controversial y bastante resistida en la opinión pública, como lo es el juez federal Lijo.
“Comprendo que es una decisión que se encuentra para amparada por la Constitución Nacional, ya que faculta al presidente para nombrar jueces en comisión. O sea, no es un nombramiento definitivo, no es que haya convertido de manera irreversible en jueces de la Corte Suprema a ambos, sino que es para suplir una situación de anormalidad, que es la que ha invocado el Poder Ejecutivo”, señaló a modo de justificación de la maniobra.
Más allá de la legalidad que -según afirma- no se habría visto afectada, ni generaría ningún tipo de reproche constitucional, el tema político resulta cuestionable. “Desde mi punto de vista, es bastante cuestionable que Lijo pueda ser juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque podrían haber otras personas con más solvencia moral”, argumentó y añadió: ” Creo que hay que separar lo legal de lo político, desde lo político puede ser muy cuestionable, pueden ser inclusive otros nombres quizás, pero desde un punto de vista legal creo que es una figura que está permitida por la Constitución”.
Para dejar clara su posición, concluyó: “Yo entiendo que no hay un reparo legal. Sí puede haber un reparo moral o de otra naturaleza, pero no comparto lo que expresan por ahí muchos colegas o he escuchado también en muchas dirigencias políticas sobre que esto es una aberración y un ataque contra la Constitución y la institucionalidad. Me parece Está ahora que es una crítica exagerada”.
Por su parte, Oscar Cuadros, reconocido abogado constitucionalista, se refirió al impacto del decreto en el sistema democrático local. “Puedo decir que se ha tensionado el sistema político de un modo muy importante con la designación particularmente del juez Lijo; no así con la designación del juez García Mansilla porque su pliego no había obtenido la mayoría necesaria en la comisión de acuerdos, por lo tanto no estaba evaluándose”, indicó.
Sin embargo, agregó: “Pero en el caso de Lijo, que es un juez que ha llegado con más de 300 impugnaciones, que es un juez que no exhibe mayores méritos desde el punto de vista de la gestión de su de su juzgado ni académicos y que digamos un fuerte rechazo en la opinión pública se suman algunas circunstancias que son muy particulares”.
Sobre la situación del juez federal, destacó la evaluación de su pliego en el Senado y la posibilidad de que los legisladores lo rechace. “Estaba en tratamiento en el Senado, con lo cual la primera cuestión que puede ocurrir es que rechace el pliego. Puede haber lugar a una situación absolutamente inédita en la vida en la historia constitucional de Argentina, ya que sería el rechazo de un pliego posterior a la designación de un juez por decreto del Poder Ejecutivo”, advirtió.
Además de esa primera cuestión, mencionó una segunda que refiere a que no va a renunciar a su cargo como juez federal y ello sería una complicación; y como tercera situación a considerar remarcó la posibilidad de que los actuales miembros de la Corte no le quieran tomar juramento por no renunciar a su cargo como juez federal, lo que daría acción a otro hecho inédito.
“Lo de Lijo es realmente una situación muy compleja que estresa al sistema político y que es desafortunada como práctica constitucional”, aseveró.
Rubén Pontoriero, abogado de la Fiscalía de Estado y de un alto perfil público, tampoco le esquivó al bulto y opinó sobre el tema. Si bien aclaró que se trata de una acción provisoria y que sólo sería definitiva si el Senado lo acepta de manera tácita, señaló que el Senado tiene los mecanismos constitucionales para que ese decreto siga en vigencia o no.
No obstante, su foco se centró en la falta de necesidad que había en cubrir las vacantes cuanto antes, siendo que el máximo organismo de Justicia puede funcionar con tres integrantes sin problema. “Dónde está la necesidad de cubrir vacantes (se preguntó). Ahora, si vos me preguntás si es bueno o es malo, hay mecanismos institucionales que se podrían haber utilizado sin necesidad de llegar al decreto”, manifestó.
En ese marco, amplió su exposición: “Originalmente la Corte tenía tres miembros, después se amplió a cinco y después se amplió nueve. Después volvió cinco. Bueno, ahora ahora con tres miembros podría haber funcionado y ya lo dijo que pueden funcionar perfectamente con tres miembros. Entonces, sí, esto es una decisión política”.
