En medio de la discusión por el reparto de los Aportes No Reintegrables (ANR), intendentes justicialistas y legisladores del Frente Chaqueño difundieron un pronunciamiento crítico contra la gestión de Leandro Zdero, en el que advirtieron sobre la crisis económica y social en la provincia, cuestionaron la falta de respuestas del Ejecutivo y denunciaron discriminación en la distribución de fondos entre municipios.
El pronunciamiento se conoció en medio de un clima político cargado por la discusión sobre la distribución de recursos, después de que el Foro de Intendentes radicales denunciara públicamente a la gestión anterior de Jorge Capitanich por un supuesto uso discrecional de los ANR y recibiera la respuesta del exministro Santiago Pérez Pons, quien negó direccionamiento político. Ahora, el eje de la discusión volvió a girar sobre el mismo instrumento, pero con una acusación invertida: los jefes comunales del PJ sostienen que la actual administración provincial también incurre en una distribución desigual.
Un documento con fuerte tono político
En el texto difundido públicamente, los intendentes justicialistas plantearon que son los municipios los que hoy están absorbiendo, con recursos limitados, el impacto del modelo económico impulsado por Javier Milei a nivel nacional y por Zdero en la provincia. Según expresaron, no se trata de una falla en la administración local, sino de las consecuencias directas de decisiones que, afirman, deterioraron las condiciones de vida de la población y recargaron sobre las comunas responsabilidades que exceden sus capacidades.
En esa línea, remarcaron que en cada localidad deben enfrentar de manera cotidiana demandas urgentes vinculadas a servicios básicos, infraestructura, contención social, producción y empleo, en un contexto en el que, según señalaron, no encuentran un Estado provincial presente ni una política articulada para atender esos problemas. Por eso, advirtieron sobre una combinación de falta de planificación, escasa articulación institucional y ausencia de decisión política para responder a las necesidades más inmediatas de la población.
El documento también apunta contra lo que define como una lógica de gestión basada en “acciones aisladas, recorridas superficiales y puestas en escena”, sin resultados concretos ni políticas sostenidas en el tiempo. Para los intendentes del Frente Chaqueño, esa dinámica agrava la situación porque deja a los municipios como primera y muchas veces única ventanilla de respuesta frente a la crisis.
Crisis social, económica y sanitaria
A lo largo del pronunciamiento, los jefes comunales describieron un cuadro provincial que, a su entender, se agravó en menos de dos años. Hablaron de una caída de la actividad económica, de la pérdida de puestos de trabajo, de una inflación que siguió erosionando el poder adquisitivo y de un incremento de tarifas que se volvió imposible de afrontar para amplios sectores.
Uno de los puntos más duros del comunicado estuvo vinculado al costo de la energía eléctrica. Allí sostuvieron que el aumento de las boletas, con subas que en algunos casos, según remarcaron, superan el 700%, convirtió en impagable un servicio esencial para muchas familias chaqueñas. Esa situación, aseguraron, se combina con mayores niveles de endeudamiento hogareño y con una creciente dificultad para sostener gastos básicos.
A la par, advirtieron sobre una emergencia social en expansión, expresada en el aumento de familias con problemas para acceder a los alimentos, y sumaron críticas a la situación del sistema público de salud. En ese punto, afirmaron que los hospitales atraviesan una etapa crítica y denunciaron la falta de insumos elementales para atender a la población.
El texto también incluyó referencias al deterioro de los ingresos de trabajadores estatales y docentes, a quienes ubicaron entre los sectores más afectados por la pérdida del poder adquisitivo. Según plantearon, durante meses vieron resentidos sus salarios reales en un contexto en el que, además, se avanzó sobre derechos laborales.
La disputa por los ANR vuelve al centro de la escena
Pero más allá del cuadro social y económico, uno de los pasajes de mayor voltaje político fue el referido a la distribución de fondos provinciales. Allí, los intendentes justicialistas denunciaron que existe un trato discriminatorio hacia los municipios opositores y aseguraron que otros distritos concentran la mayor parte de los Aportes No Reintegrables.
De acuerdo con el documento, algunos municipios habrían recibido aportes que superan el 87,4% del total distribuido, una cifra que, según sostienen, distorsiona la equidad en el reparto de recursos públicos. De este modo, el comunicado del Frente Chaqueño se mete de lleno en una controversia que ya venía escalando en la política provincial y que en los últimos días enfrentó a dirigentes radicales con referentes de la gestión anterior.
Esa referencia no es menor: en la discusión pública reciente, el oficialismo y los intendentes radicales habían puesto la lupa sobre la utilización de ANR durante el último tramo del gobierno de Capitanich. Ahora, desde el justicialismo buscan devolver el golpe con una acusación similar, pero dirigida a la administración actual, en una disputa que ya no sólo es financiera sino también abiertamente política.
Pedido a Zdero y reclamo por el “Pacto Chaqueño”
En el tramo final del pronunciamiento, los intendentes e intendentas del PJ reclamaron al gobernador que cumpla con el “Pacto Chaqueño” al que, recordaron, fueron convocados pocos días después del inicio de la actual gestión. En ese marco, le pidieron que convoque a los 70 intendentes de la provincia y que mantenga un gesto de respeto democrático e institucional hacia las autoridades comunales, que también fueron elegidas por el voto popular.
El mensaje tuvo además una fuerte carga política. Los firmantes rechazaron seguir aceptando que los gobiernos de Milei y Zdero trasladen responsabilidades a los municipios “sin el mínimo criterio de equidad” y cuestionaron que, ante la falta de respuestas, se insista en responsabilizar a las gestiones anteriores para justificar incumplimientos.
Los jefes comunales defendieron, a la vez, su administración de recursos y remarcaron que trabajan bajo controles institucionales, como el Tribunal de Cuentas, con criterios de transparencia. En ese punto, buscaron diferenciarse al señalar que no utilizan fondos públicos para la especulación financiera ni para sostener estructuras políticas.
