La violencia volvió a estar presente en el fútbol sanjuanino, aunque en esta oportunidad la reacción de las autoridades fue contundente y los futbolistas que se fueron a la piñas terminaron encerrados en un calabozo. Así lo informaron fuentes allegadas, las que relataron cómo ocurrieron los incidentes en un partido de la Liga Caucetera–Sanmartiniana y que acabaron con 18 jugadores de Villa Etelvina y el propio presidente del club detenidos.
El encuentro de Primera División entre Pie de Palo y Villa Etelvina, disputado en cancha Maurín, se vio abruptamente interrumpido a los 50 minutos del segundo tiempo, cuando varios jugadores del equipo visitante intentaron agredir a la terna arbitral. Según el parte oficial de la Comisaría 9na, el conflicto escaló aún más cuando el presidente visitante, identificado como Juan Tejada, ingresó al campo de juego con la misma intención.
De inmediato, el personal policial intervino para proteger la integridad de los árbitros, logrando evitar lesiones y acordando la suspensión del partido. Es por ello que, tras restablecer el orden, los efectivos procedieron a llevar tras las rejas a los jugadores involucrados, además del dirigente que irrumpió en la cancha.
Todos fueron trasladados a la sede policial, donde quedaron alojados en los calabozos de la dependencia tras ser notificados de la apertura de actuaciones contravencionales. El caso quedó bajo la órbita del Juzgado de Paz Letrado de Caucete, a cargo de la jueza Luciana Salvá, quien dispuso el inicio formal del proceso contra los implicados.
La medida resulta inusual para este tipo de episodios, que lamentablemente se observan a menudo en las diversas ligas locales. En ese sentido, fuentes policiales remarcaron que este operativo marca un precedente a futuro: cada episodio de agresión en un evento deportivo tendrá la misma respuesta policial y administrativa.
El incidente se suma a una larga lista de hechos similares registrados en el fútbol local en los últimos meses, donde árbitros, jugadores y dirigentes han sido protagonistas —y víctimas— de agresiones físicas y verbales. La respuesta articulada entre la Policía y la Justicia en este caso podría marcar un antes y un después en la forma de abordar estos conflictos.
