A once años de la primera marcha de Ni Una Menos, una nueva encuesta nacional de Zuban Córdoba retrata con números duros una realidad que no cede: siete de cada diez mujeres sufrieron alguna situación de violencia de género en el último año, ocho de cada diez desconfían de la Justicia para actuar frente a estos casos, denunciar sigue costando más de lo que protege y casi el 100% de los encuestados conoce el “caso Agostina”.
Uno de los hallazgos más elocuentes del informe es la diferencia de experiencias según género. En el espacio público, el 53,7% de los varones declaró no haber sufrido ninguna situación de inseguridad en el último año. Entre las mujeres, ese número cae al 29,2%. Es decir, siete de cada diez mujeres sí atravesaron alguna situación: acoso verbal (22,3%), contacto físico no deseado como persecución, exhibicionismo, manoseo (12,3%, casi el triple que entre varones).
En el ámbito laboral, el acoso verbal sexual afecta al 23,4% de las mujeres, exactamente el doble que a los hombres (11,6%). Y en el hogar, donde la violencia es más silenciosa y más difícil de visibilizar, la brecha también es clara. Mientras el 78% de los varones no sufrió ninguna de las situaciones consultadas (amenazas, humillaciones, control económico, uso de la fuerza, imposición de actos sexuales), entre las mujeres ese porcentaje baja al 64,2%, dando cuenta que un 35,8% sí los vivió.
Estos datos desmontan cualquier relativismo. La violencia de género no es una percepción ni una construcción discursiva, es un fenómeno medible, que afecta de manera desproporcionada y sistemática a las mujeres en todos los espacios de la vida cotidiana.
La desconfianza en la Justicia
Los números sobre la respuesta estatal al caso de Agostina Vega son impactantes. Tres de cada cuatro argentinos (75,9%) consideraron que el tratamiento por parte del Estado fue irresponsable, y la opción más elegida no fue la intermedia sino la más severa, «muy irresponsable», con el 46,3%. Cuando se preguntó directamente si el Estado respondió con seriedad y profesionalismo, el 82,2% dijo que no, sumando quienes eligieron «poco serio» (39,1%) y «nada serio» (43,1%).
El contraste con los medios de comunicación es llamativo. El 58,6% consideró que la cobertura periodística del caso fue responsable. En un país donde la relación entre la prensa y la ciudadanía suele ser tensa, este dato merece atención. No es que los medios salgan bien parados en términos absolutos, sino que el Estado sale visiblemente peor.
Si hay una institución que emerge de esta encuesta con un daño de imagen sin atenuantes, es el Poder Judicial. La desconfianza en fiscalías y tribunales para actuar frente a casos de violencia de género alcanzó el 80,4%, con más de seis de cada diez encuestados eligiendo directamente la opción de «mucha desconfianza».
La policía también tiene un problema serio, ya que el 68% desconfía de su actuación. Además, el 71,2% cree que jueces y fiscales no cuentan con la formación adecuada en perspectiva de género, aun así cuando existen medidas como capacitación obligatoria, reforma del sistema, rendición de cuentas.
A esto se suma que el 69,7% de los encuestados cree que las víctimas enfrentan estigmatización y desconfianza social cuando deciden denunciar. Y acá la brecha de género también aparece: lo perciben el 78,8% de las mujeres y el 60,2% de los varones. Ellas no solo sufren más sino que, además, conocen mejor el precio social de animarse a hablar.
Esta cifra ilumina algo que las estadísticas de denuncias nunca terminan de explicar. La falta de denuncias no es producto de la indiferencia de las víctimas, sino del cálculo racional —y tristemente fundado— de que denunciar puede costar más de lo que protege.
Hay un dato que podría parecer contradictorio pero que en realidad describe muy bien el estado de ánimo social. A pesar de toda la desconfianza acumulada, la ciudadanía sigue señalando al Estado (26,9%) y a la Justicia (22,8%) como los principales responsables de prevenir la violencia de género, por encima de las familias (20,6%), el sistema educativo (11,6%) y la sociedad civil (6%).
Nadie está pidiendo que el Estado se retire, al contrario, la gente le reclama que funcione. Es una exigencia, no una renuncia y eso es exactamente lo que la dirigencia política tendría que escuchar.
En un país fracturado casi en todo, hay algo que une: el 84,5% pide que la Alerta Sofía (un sistema de búsqueda y alerta temprana para personas desaparecidas en Argentina) se active de manera inmediata ante casos de desaparición. Entre las mujeres el número asciende al 91,4%; entre los varones al 77,6%. Es transversal, supera la grieta, no distingue simpatías políticas.
Para la clase política, esto es lo más parecido a una cancha sin obstáculos. Apoyar la activación inmediata de la Alerta Sofía —y de manera similar el registro de ofensores sexuales, que también aparece en el informe como una medida con alto consenso— no tiene costo político, sino que tiene beneficio.
A once años, la herida sigue abierta
El informe de Zuban Córdoba cierra con una observación que vale subrayar: la cuestión de la violencia de género sigue siendo, a once años de Ni Una Menos, una causa que supera grietas e identificaciones políticas. En un país donde casi cualquier tema se convierte en ideología, este es uno de los pocos espacios donde el acuerdo social es casi total.
El problema no es la falta de consenso ciudadano. El problema es que ese consenso no se traduce en políticas de Estado duraderas, en reformas judiciales efectivas, en protocolos que funcionen. La pregunta es si alguien en el poder tiene la voluntad —y la urgencia— de hacerlo.
La encuesta fue realizada por Zuban Córdoba & Asoc. del 1 al 3 de junio de 2026. Muestra de 1.200 casos. Población general mayor de 16 años, República Argentina. Error de muestreo: +/- 3,1%. Nivel de confianza: 95%.
RG/AF
