La iniciativa ya fue formalmente presentada ante la Cámara de Diputados de San Juan el pasado 8 de octubre, impulsada por el interbloque orreguista “Cambia San Juan”. Ya tomó estado parlamentario y está en comisiones siendo analizado.
En la práctica, esta normativa se centra en tres áreas fundamentales: el establecimiento de disciplinas de prevención, la gestión de la información y el cuidado del recurso humano.
El objetivo central de esta movida legislativa es elevar “los estándares de la práctica sanitaria dentro de nuestra jurisdicción, asegurando una atención centrada en la seguridad del paciente, la dignidad de los usuarios y el cuidado del equipo de salud”, según dijo a TIEMPO DE SAN JUAN el legislador Enzo Cornejo, impulsor de la iniciativa.
Cornejo destacó que “esta iniciativa surgió de un compromiso ineludible con la calidad de vida de nuestros ciudadanos. La Ley Nicolás, a nivel nacional N°27.797, es el resultado de una lucha incansable de familias que, a partir de una tragedia personal, como fue el caso de Nicolás Deanna, supieron transformar su dolor en una causa colectiva para todo el país”.
También el legislador resaltó la urgencia de que San Juan se sume a este marco legal: “Desde nuestro bloque, entendimos que la provincia no podía demorar en sumarse a este marco legal que es fundamental. No se trata solo de replicar una norma, sino de adecuarla a nuestra realidad y dar una señal política clara: la salud segura es un derecho y una prioridad en nuestro territorio. El proyecto que impulsamos fue un puente para traer esa causa de justicia y seguridad sanitaria directamente a cada hospital y centro de salud provincial”.
Si bien la iniciativa surgió del orreguismo, lo que sugiere que el Ministerio de Salud está al tanto de esta propuesta, se espera que sea ampliamente debatido tanto por oficialismo como por oposición en las comisiones, con vistas a ser tratado no este año, porque está por terminar el ciclo de sesiones ordinarias, a fines de este mes.
En cuanto a la visión a futuro, Cornejo aseguró que la adhesión es una acción de Gobierno que representa una inversión directa en la calidad de vida de los sanjuaninos. “La finalidad de esta adhesión es muy concreta y vital: garantizar el derecho a una asistencia sanitaria segura y de calidad para todos los habitantes de la provincia. Con esta ley, estamos construyendo un sistema de salud más transparente, más humano y, sobre todo, mucho más seguro para cada paciente y su familia”.
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Así cambiará la atención médica si la ley se aprueba
La adhesión a la Ley Nicolás se presenta como un marco legal moderno e idóneo para transformar las pautas culturales del sistema de salud provincial. Si la ley logra la aprobación en la Legislatura local, se dará una serie de cambios profundos en la manera en que se gestiona la calidad y la seguridad sanitaria en San Juan.
En primer lugar, la ley obliga a que la Seguridad del Paciente sea asumida como una disciplina central, lo que significa que se establecerán estructuras y procesos concretos para la prevención y reducción de daños, buscando minimizar el impacto tanto en el paciente como en su familia y el equipo de salud cuando los incidentes, lamentablemente, ocurran. Esto se complementa con la incorporación de la prevención cuaternaria, una práctica que busca evitar, reducir o paliar el daño causado por intervenciones médicas que resultan innecesarias, promoviendo una práctica clínica mucho más crítica y reflexiva por parte de los profesionales.
Un cambio fundamental será la mejora en la transparencia y la gestión de la información: la provincia asumirá el objetivo de implementar el Registro Unificado de Eventos Centinela (RUDEC). Participar en este registro nacional permitirá a San Juan identificar, investigar y analizar todos aquellos sucesos imprevistos que causen un daño, ya sea permanente o temporal, derivado de la atención sanitaria. La información que hoy puede estar dispersa o sin categorizar bajo un criterio federal, se transformará en una herramienta de aprendizaje con un carácter no punitivo para disminuir de forma importante la incidencia futura de daños prevenibles en los centros de salud y hospitales provinciales.
Además, la nueva normativa pone el foco directamente en la jerarquización y el cuidado de los equipos de salud. Un objetivo prioritario será asegurar que haya una dotación de personal adecuada y que se instaure una duración de turnos que realmente evite el agotamiento físico o mental de los profesionales. Se deberán determinar tiempos protegidos remunerados específicamente para la capacitación en materia de seguridad, una inversión clave en el recurso humano que busca combatir el estrés laboral y mejorar la calidad de vida de quienes atienden a los ciudadanos.
Finalmente, para que los sanjuaninos tengan plena confianza en sus médicos, la ley facilitará el acceso a información vital sobre sanciones e inhabilitaciones a través de la Red Federal de Registros de Profesionales de la Salud (REFEPS). De esta manera, se garantiza que los pacientes sean atendidos por profesionales que cuentan con la debida aptitud y capacitación verificada, consolidando el bienestar de la persona usuaria y del equipo de salud como ejes centrales de la política sanitaria.
Los casos más resonantes de San Juan
La discusión en la Legislatura de San Juan sobre la ley de prevención de mala praxis se sostiene sobre un historial doloroso en la provincia, marcado por varios casos de negligencia que generaron gran conmoción social. Estos antecedentes, que incluyen desde operaciones de rutina que terminaron en tragedia hasta faltas de atención graves, llevan a buscar estándares sanitarios más rigurosos.
Melani Carranza
El caso más reciente y que reabrió con fuerza el debate sobre la responsabilidad médica en San Juan es la muerte de Melani Carranza, una joven de 24 años, ocurrida en mayo de 2025. El drama comenzó a principios de mes cuando ella acudió al Hospital Rawson con un embarazo de cuatro semanas que se había detenido, confirmándose mediante una ecografía que el feto no tenía pulso. Los médicos le indicaron Misoprostol para que expulsara el feto sola en su casa. Sin embargo, Melani comenzó a sentirse mal y fue al hospital en varias oportunidades, donde le administraron medicación y le daban el alta sin internarla. La tragedia se precipitó durante un fin de semana cuando, con 42 grados de fiebre y convulsiones, fue finalmente internada, pero ya era demasiado tarde. La familia denunció formalmente la mala praxis, lo que ha derivado en una investigación judicial en curso.
Julieta Viñales
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La provincia también se vio conmocionada por el caso de Julieta Viñales, una adolescente que apenas tenía 18 años cuando, en febrero de 2020, ingresó a una clínica para una cirugía de amígdalas. Este procedimiento, considerado de bajo riesgo y ambulatorio, terminó en una tragedia: la joven murió días después a causa de una hemorragia postoperatoria inesperada. La familia denunció que hubo una evidente negligencia, señalando al otorrinolaringólogo Maximiliano Babsía como responsable de no haber reaccionado a tiempo. Según la denuncia, Julieta había contactado al médico para informarle que su garganta sangraba mucho, pero el profesional no le prestó la atención requerida. Tras un largo proceso, el mes pasado Babsía fue sentenciado a 2 años y 6 meses de prisión condicional y a 6 años de inhabilitación para ejercer la medicina, tras ser hallado responsable del delito de homicidio culposo por imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de los reglamentos o deberes, tal lo dispone el artículo 84 del Código Penal.
Muerte de un bebé en Jáchal
Otro hecho que generó repercusión fue la muerte de un bebé en el Hospital San Roque, en Jáchal, en febrero de 2024. La madre era una mujer de 24 años que ingresó al nosocomio con trabajo de parto, pero ella desconocía su estado. El médico jachallero Lucas Quinscara, al no detectar el embarazo, le recetó calmantes. Al día siguiente, cuando un ginecólogo examinó a la paciente, se confirmó que el bebé había muerto. Si bien la familia presentó una denuncia por mala praxis, el doctor Quinscara fue sobreseído el 8 de mayo, ya que el juez Martín Peñafort entendió que no existían pruebas suficientes para condenarlo por homicidio culposo.
María Carmen Vila en “Cielo de París”
En diciembre de 2023, la muerte de María Carmen Vila, una anciana de 79 años con múltiples afecciones, en la residencia geriátrica “Cielo de París” de Capital, puso en el ojo de la tormenta la calidad de atención en estos establecimientos. La investigación sugiere una posible cadena de omisiones médicas. La mujer empezó a mostrar síntomas preocupantes y dolores abdominales, sin cenar ni desayunar, pero el personal solo le administró un enema. Recién a las diecisiete horas del 19 de diciembre se solicitó asistencia médica de AME. El primer médico, Adrián Campillay, indicó hidratación y analgésicos, pero no quiso derivarla a un hospital. Tres horas más tarde, ante el agravamiento de su estado, se hizo un nuevo llamado y otro médico decidió el traslado, pero la derivación fue demasiado tardía. La fiscalía imputó por homicidio culposo tanto al doctor Campillay como al director técnico del geriátrico, Fabián Roberto Kleiman, quien, según la causa, solo habría dado indicaciones por teléfono sin presentarse en el lugar. Ambos imputados siguen en libertad, mientras la justicia continúa investigando.
El niño al que le sacaron 12 dientes sin razón
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Los casos de negligencia no se limitan a hospitales o geriátricos; también resonó fuertemente el drama de un niño de cinco años al que, en 2017, la odontóloga María Romina Pellice le extrajo doce piezas dentales sin contar con el consentimiento de sus padres. Expertos periciales coincidieron en que la gran mayoría de los dientes extraídos no presentaban ni caries ni infecciones, lo que confirmaba que la extracción fue completamente injustificada. Tras un largo proceso, y luego de que la primera condena fuera anulada, en marzo de 2024 la Justicia impuso a Pellice una pena de un año de prisión en suspenso y un año de inhabilitación profesional. Este caso fue mencionado junto con el de la adolescente de amígdalas como uno de los más resonantes de la provincia.
¿Quién fue Nicolás Deanna?
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Nicolás con su mamá Gabriela.
Nicolás Deanna fue un joven argentino de 24 años que falleció en 2017 debido a una meningitis bacteriana que no fue diagnosticada a tiempo. Su caso inspiró la creación de la Ley Nicolás (Ley 27.797), sancionada en 2025, que busca mejorar la seguridad y calidad de la atención médica en Argentina para evitar diagnósticos erróneos y reducir los daños evitables. La ley fue impulsada por su madre, Gabriela Covelli, y busca mejorar las condiciones laborales de los profesionales de la salud y protocolizar los procesos de atención.
Nicolás, de 24 años, experimentó un fuerte dolor de cabeza, pero fue mal diagnosticado por un médico que creyó que se trataba de estrés o una contractura. A pesar de que sus síntomas empeoraron, no se le realizaron los estudios adecuados hasta que su estado era gravísimo. Falleció el 2 de noviembre de 2017 debido a la meningitis. Su madre, Gabriela Covelli, junto a otras familias, inició una campaña para impulsar una ley que prevenga este tipo de tragedias en el sistema de salud.
