En la vecina provincia de Mendoza, el Gobierno provincial dispuso que todas las embarazadas que se encuentren internadas en maternidades públicas sean sometidas a controles para detectar consumo de sustancias psicoactivas. La medida ya está en vigencia y fue establecida a través de la Resolución 305 del Ministerio de Salud y Deportes.
La decisión fue adoptada por la gestión que encabeza el gobernador Alfredo Cornejo y lleva la firma del ministro de Salud, Rodolfo Montero. Según se detalla en la normativa, el objetivo es proteger la salud integral de la persona gestante y del niño por nacer, mediante la detección temprana de consumos y la intervención oportuna cuando sea necesario.
En los fundamentos se advierte que el consumo de alcohol, tabaco y drogas ilícitas —como cocaína, marihuana o éxtasis— puede afectar el desarrollo del embarazo desde las primeras etapas. El texto subraya que no existen dosis seguras y vincula estas prácticas con complicaciones como restricción del crecimiento intrauterino, abortos espontáneos, partos prematuros y eclampsia.
Además, se mencionan riesgos como muerte fetal intrauterina, malformaciones congénitas, trastornos del neurodesarrollo y la eventual necesidad de internación del recién nacido en unidades de cuidados intensivos.
La resolución establece que los controles deberán realizarse con consentimiento informado de la paciente. Los resultados se cargarán en los sistemas oficiales de información perinatal, como el SIP+ o su equivalente en la Historia de Salud Integrada (HSI–CLAP). En caso de detectarse consumo, se activará un abordaje interdisciplinario para tratamiento y seguimiento, que podrá continuar después del alta hospitalaria, salvo negativa expresa de la paciente.
Según datos citados en el expediente, entre el 5% y el 10% de las personas gestantes reconocen consumo de drogas ilícitas durante el embarazo, aunque en controles universales en poblaciones de mayor riesgo los porcentajes detectados superan ampliamente esas cifras.
