La muerte de Rodrigo Gómez, el joven militar de 21 años que apareció sin vida en la Quinta Presidencial de Olivos el 16 de diciembre pasado, sumó un nuevo capítulo. Este lunes, el Gobierno nacional y la Justicia Federal presentaron los avances de una investigación sobre una organización que funcionaba desde cárceles bonaerenses realizando extorsiones y estafas digitales, de las que el soldado habría sido víctima.
La información fue aportada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, que junto al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, llevaron adelante una conferencia de prensa en la que dieron detalles del modus operandi de los delincuentes. “En estas semanas de análisis se encontró una carta, y en los primeros párrafos había una referencia a una app de citas”, explicó la funcionaria.
La extorsión comenzó mediante la creación de una cuenta falsa en la aplicación Evermatch, bajo el nombre de una supuesta mujer llamada Julieta Ayelén Cardozo. “Los usuarios entablaban conversaciones con ‘mujeres que no existen’. Había envíos de fotos, ni siquiera subidas de tono, sino bajadas de cualquier lado”, profundizó la titular de la cartera de Seguridad.
“A medida que se empezó a trabajar con los teléfonos, se encontró que había tres personas que estaban presas en penales y que a partir de ahí llevaban a cabo un entramado de manipulación extorsiva”, continuó diciendo. En esa línea, señaló que los responsables mantenían contacto con las víctimas mediante dispositivos móviles.
En el caso de Gómez, habría aparecido una supuesta “madre alterada” diciendo que la falsa Julieta tenía 17 años. En un audio lo trató de “degenerado” y lo intimó a que le realizara una transferencia de dinero para no denunciarlo.
El otro paso consistió en usurpar la identidad de un Policía de la Ciudad de Buenos Aires real, identificado como M. N. C., y llamar al soldado para hacerle creer que estaba al tanto de la denuncia. Este agente ficticio lo contactó después de que le enviaran el audio y le dijo que supuestamente existía una causa judicial en su contra y que para evitar problemas legales tenía que pagar de inmediato.
Tras ello, la ministra de Seguridad leyó parte de una carta que el joven habría escrito antes de quitarse la vida, que hoy es una prueba clave en la investigación: “Quien diría que entrar a una app de citas me traería muchos problemas. A partir de esa app estoy con problemas legales y muchas deudas. Y ni siquiera con esos policías puedo solucionar nada porque, supuestamente, si les pagaba esto se solucionaba. Solo parece ser una estafa porque piden plata y más plata. Son más corruptos que otra cosa…”.
“No le tengo miedo a la muerte, sino respeto. A lo que si le tengo miedo es a decepcionarlos y a quedarme solo y eso me aterra. Estoy muy agradecido con la familia, con el Ejército. Después de escribir todo esto ya llegó la hora”, concluye el documento. De acuerdo a Monteoliva, este domingo quedaron detenidos siete sospechosos, dos de los cuales ya estaban alojados en cárceles bonaerenses (dos en Magdalena y uno en La Plata).
Según el parte oficial, además de las unidades penitenciaria, se realizaron allanamientos en domicilios en Lomas del Mirador, El Palomar y Monte Grande.
La investigación del caso: una “PYME del delito”
La jueza Arroyo Salgado también señaló que el caso de Gómez no sería un hecho aislado, repasó otros hechos similares que surgieron durante la investigación, y afirmó que esto les habría permitido identificar un patrón de funcionamiento en este tipo de estafas virtuales. Junto a Adorni, utilizaron el concepto de “pymes del delito” para llamar a este tipo de asociaciones ilícitas.
“Un celular en la mano, es efectivamente, permitirle tener un arma en una celda, y eso no se puede permitir más. No se les puede dejar tener una pyme del delito dentro de la cárcel”, expresó el Jefe de Gabinete. Este término, difundido en el comunicado que anunció la conferencia, se debe a que se trata de personas que tienen una estructura aceitada, con división de roles y captación de víctimas.
Por su parte, la magistrada federal subrayó: “Lo más preocupante es que esto no es novedoso, porque tenemos infinidad de antecedentes de delitos graves cometidos desde el penal, gracias al uso irrestricto de un celular, que hoy en día es una herramienta, pero que, como lo fue en este caso, es un arma letal”.
La causa sigue en curso y no se descarta que se tomen nuevas medidas para determinar si hubo más gente involucrada en las extorsiones. Entre los detenidos por el caso del militar oriundo de Misiones, se informó que se halla un hombre de apellido Francavilla y otro identificado como Mauricio José Duarte Arecó, detenidos en Magdalena; y Kevin Manuel Sandoval, alojado en el Penal de Olmos. También fueron arrestadas mujeres que recibían en sus cuentas el dinero que enviaban las víctimas.
FP
