El escándalo por la presencia de supuestos “ñoquis” en la Municipalidad de Zonda sigue escalando en la esfera judicial, luego de que el Sindicato de Empleados Públicos (SEP) presentara una ampliación de la denuncia original. José Díaz, secretario general del SEP, confirmó que la nueva presentación se hizo ante el fiscal Nicolás Schiattino (de la UFI Delitos Especiales), quien está ahora a cargo de la investigación. Esto no es un dato menor, porque el fiscal al que le tocó tratar la denuncia original, Francisco Nicolía, había desestimado la denuncia.
Díaz afirmó que la ampliación de la denuncia se hizo necesaria porque, “parece ser que tener ñoquis en el municipio es legal”, según dijo este lunes con Radio Sarmiento.
La ampliación se centra en casos que el sindicato considera “sumamente claros con respecto a la estafa en perjuicio de la administración pública”. Díaz indicó que la calificación legal agregada, expresada por la abogada del sindicato, considera que se está “violentando el código penal”, incluyendo “la parte fraudulenta de la administración, falsificación de instrumento público, incompatible con el ejercicio de funciones, tráfico de influencia y demás delitos obviamente contemplados”.
Uno de los puntos centrales de la ampliación es el caso del hijo del diputado zondino Miguel Atampiz (Gustavo Atampiz), quien es empleado de planta permanente. Según Díaz, han podido conseguir “datos precisos de que el hijo del diputado está trabajando en Vaca Muerta”. El líder sindical denunció que esta persona estaba “cobrando sueldo, cobrando insalubridad y cobraba sueldo en Vaca Muerta”. Díaz aseguró que el SEP corroboró que el agente estaba cobrando el sueldo municipal mientras se desempeñaba en la provincia sureña.
Asimismo, la ampliación de la denuncia incluye otros dos casos específicos: Manuel Casívar y Miguel Ángel Gil. Díaz indicó que estos dos agentes también son plantas permanentes y que tienen la situación similar al hijo del diputado, con la diferencia de que trabajan “en empresas de transporte privado” mientras “a su vez cobraban el sueldo detallado”. Díaz sostuvo que Gil “tiene los trabajos en este caso en la Municipalidad de Zonda y también en la empresa privada”.
El Secretario General del SEP lamentó que este ha sido “un error sumamente grueso que no se podía dejar pasar” y aseguró que si no hubiese existido la colaboración de los medios exponiendo la situación, no le hubiesen dado curso a la causa. El gremio espera que el nuevo fiscal “realmente investigue” si estas personas estuvieron trabajando “alguno fuera de la provincia y otros dentro de la provincia, pero no en el municipio”.
Finalmente, Díaz comentó otras anomalías en el municipio, como el hecho de que se han reubicado a agentes en lugares donde “no trabajen, pero cobren”, como en la Cámara de Diputados o “los merenderos”. Incluso señaló que las esposas del diputado y del intendente “figuran como que trabajan ahí en un merendero que no se sabe si existe”. Díaz concluyó sobre la necesidad de esta nueva instancia: “Esperemos que realmente se investigue, Que se constaten los legajos con las liquidaciones”.
El caso
El escándalo de los presuntos “ñoquis” en la Municipalidad de Zonda viene generando revuelo político desde agosto, debido a las denuncias presentadas por concejales y el Sindicato de Empleados Públicos (SEP) contra la administración del intendente Juan Atampiz, que hasta ahora no salió a hablar públicamente de lo que se le endilga.
El revuelo se dio cuando el SEP denunció que de las 240 personas de planta permanente, solo trabajan entre 50 y 60, lo que implica que el resto del personal, alrededor de 180 empleados, “está en su casa” cobrando. El gremio considera que esta situación constituye una estafa al Estado y “no deja de ser un delito”.
Esta problemática, que se arrastraría desde 2019, especialmente tras la pandemia, también generó atención de los concejales Víctor Montaña (Juntos por el Cambio) y Gustavo Ledesma (giojismo), quienes presentaron una nota conjunta dirigida al intendente Atampiz. Solicitaron que se intime a todos los empleados de planta permanente a presentarse a cumplir con sus funciones laborales en un plazo no mayor a 48 horas, conforme al convenio colectivo de trabajo.
Entre las personas cuestionadas que figuran en planta permanente y no asistirían a trabajar se encuentran la esposa del actual diputado departamental Miguel Atampiz (quien es hermano del intendente Juan Atampiz y ex jefe comunal) y la ex esposa del intendente actual. Oportunamente, el concejal Montaña señaló que la esposa del diputado fue nombrada en 2019, cuando él era intendente, y “nunca se la vio trabajar”.
El perjuicio fiscal estimado por el concejal Montaña asciende a sumas significativas. Considerando que los sueldos de estas categorías (20 a 24) oscilan entre $250.000 y $480.000, y pueden alcanzar hasta $740.000 con ítems, el gasto mensual por la totalidad de estas personas que no trabajan sería de casi 100 millones de pesos mensuales, lo que representa 1.500 millones de pesos al año.
A principios de septiembre se conoció que la Justicia provincial desvinculó la causa penal contra el intendente Atampiz, por la existencia de “ñoquis” en su municipio. Fue cuando Nicolía, fiscal de la UFI de Delitos Especiales, determinó que la cuestión denunciada es netamente laboral y administrativa, y no configura ningún delito penal. Ahora el SEP insistió con la investigación en la Justicia Provincial.
