El Tribunal Oral Federal Número 4 dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo 5 de mayo a fin de concretar el cierre de la etapa de recolección de prueba del debate que se le sigue a Julio De Vido y más de una veintena de personas, acusados de fraude y cobro de coimas en la causa Skanska, que se conoció como el primer caso de corrupción durante el gobierno kirchnerista.
Ya en esta etapa de definición de una investigación que tiene más de veinte años, los jueces tienen previsto tomarle testimonio a Claudio Corizzo, quizás una de las figuras claves por tratarse del auditor de Skanska, que grabó la conversación que sostuvo con Javier Azcárate, gerente de la firma a quien confesó el pago de coimas a Enargas y Nación Fideicomisos.
Durante las próximas dos semanas, el tribunal analizará cuáles serán los próximos pasos a seguir en el juicio, iniciado hace un año. En primer lugar, se consultará a cada una de las defensas por si alguno de los acusados quiere o no ampliar su declaración indagatoria. De aceptar, se elevará un cronograma para las declaraciones, caso contrario dará por concluida la fase actual del juicio y concretará el inicio de los alegatos, el cual ya adelantaron que probablemente sea extenso.
La primera exposición estará a cargo del fiscal Abel Córdoba, quien, de acuerdo a lo analizado desde junio del año pasado, planteará las responsabilidades de cada uno de los acusados, luego presentará sus acusaciones formales y eventualmente pedidos de condena o de absolución.
Acusación
En la causa se investiga el presunto pago de sobreprecios mediante coimas para la expansión de los gasoductos en los sistemas norte y sur, el reacomodamiento de las actuales plantas compresoras y la construcción de una nueva entre 2004 y 2006. Los principales apuntados son el exministro de Planificación Federal Julio De Vido; el exsecretario de Obras Públicas José López, y el exgerente del Fideicomiso del Banco Nación Néstor Alberto Ulloa.
Para la Justicia instructora está probado que de dicha contratación fraudulenta participaron directivos de la firma sueca Skanska y funcionarios del Ministerio de Planificación Federal, quienes, para darle supuesto manto de legalidad al movimiento de casi 14 millones de pesos en 2004, simularon negociaciones comerciales con más de veinte empresas.
El escándalo estalló hace 21 años y fue revelado por PERFIL. En su inicio, la causa se trató e investigó en el fuero penal y económico, pero posteriormente pasó a Comodoro Py, donde se determinó su cierre. Sin embargo, el fiscal Carlos Stornelli apeló esa decisión, que llegó a la Corte Suprema, y los ministros ordenaron la reapertura de la causa.
La hipótesis planteada en la investigación, a cargo del juez Sebastián Casanello, fue que Skanska pagó dádivas ilegítimas a funcionarios del Ministerio de Planificación, “justificando dichas erogaciones mediante facturas apócrifas” que fueron compradas a la empresa Infinity Group “con la finalidad de beneficiar a la referida empresa en las contrataciones de la ampliación de los gasoductos Norte y Sur”.
A lo largo del juicio, iniciado el 15 de abril de 2004, declararon cerca de cien testigos, quienes, entre otras cosas, manifestaron cómo fue el mecanismo y manejo de las licitaciones desde la perspectiva de la cartera de Planificación como de la de las empresas involucradas.
La gran expectativa del debate se centró en las eventuales declaraciones de la exministra de Economía Felisa Miceli; el antiguo director de la ex-AFIP, Alberto Abad, y el extitular de la Oficina de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Planificación, Rafael Llorens; pedido por De Vido, finalmente se desistieron de sus testimonios y de otra gran cantidad de testigos.
En esa lista también figuraban el expresidente de Repsol Antonio Brufau; la extitular de Economía durante el gobierno de Néstor Kirchner, Felisa Miceli; su antecesor en esa cartera, Roberto Lavagna, y los exlegisladores Adrián Pérez y Esteban Bullrich.
Ahora, el proceso se encamina a su fin. Para ello el tribunal tiene la expectativa de dar clausura al debate antes de fin de año, pero esto se podría acotar de acuerdo al tiempo que tomen los alegatos, teniendo en cuenta que son 27 imputados cuyas defensas probablemente insuman de una a dos audiencias mientras que, y ante ese número de involucrados, el Ministerio Público como parte acusatoria haga uso de por al menos tres audiencias.
El juicio tiene como principal apuntado a Julio de Vido como cabeza del Ministerio de Planificación Federal en la contratación para la construcción de los gasoductos. De ser hallado culpable, se le podría sumar otra nueva pena de hasta 6 años de prisión.
El exfuncionario enfrenta otros procesos en simultáneo, uno de ellos es el de la telenovela Mamá corazón, tira protagonizada por Andrea del Boca que se produjo en parte con fondos de la cartera, que estuvo a cargo, y que nunca salió al aire, Allí De Vido también está acusado del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, mismo delito por el que Cristina Kirchner fue condenada en la causa Vialidad y él resultó absuelto.
Tanto en Skanska como en Mamá corazón, de forma muy breve Julio De Vido negó los hechos que se le imputan y por recomendación de sus abogados, Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, se abstuvo de responder preguntas. Esto no quiere decir que, previo al cierre de esta fase, pueda sumar algo más.
El antiguo ministro kirchnerista también hizo lo propio en el juicio por la presunta compra de Gas Natural Licuado con sobreprecios, donde también está acusado de administración fraudulenta junto a Roberto Baratta, por entonces exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión de Planificación.
