El polémico caso del juez de garantías Roberto Montilla, cuestionado por intentar favorecer a un detenido, tuvo un nuevo round este lunes 14 de abril. Por primera vez, se sentó en el banquillo de tribunales tras la denuncia en su contra realizada hace una semana. En esta ocasión, el fiscal Iván Grassi le achacó el delito de usurpación de funciones en grado de tentativa e incumplimiento de los deberes de funcionario público. El juez Pablo de León terminó imputando formalmente a Montilla, que lleva 32 días ejerciendo como magistrado.
Es un hecho inédito en la justicia sanjuanina, ya que Montilla sigue teniendo su rutina diaria, es más, a primera hora de este 14 de abril tuvo una audiencia de control de detención y formalización por una causa de hurto.
La denuncia se realizó en la UFI Delitos Especiales el lunes de la semana pasada y no pasó desapercibida. En la presentación judicial se dio a conocer que el juez fue a la oficina del fiscal para saber de qué se lo acusaba. Tras este supuesto encuentro, Montilla salió presuroso de esa unidad fiscal y se negó hacer declaraciones ante los medios, pero no se privó de increpar a los periodistas y acusarlos de hacer una campaña en su contra.
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El escándalo se suscitó a raíz del llamativo interés que mostró el juez por un detenido de la Comisaría 4ta, en Desamparados. El sospechoso se identificó como José Benito Martin, que estaba preso por estafa, y por quién el magistrado habría pedido que lo trasladaran a una residencia de adultos mayores, pese a que la causa de esta persona no se encontraba bajo su competencia.
La defensa del acusado, el defensor oficial Martín García, negó los hechos. Y es más, solicitó de inmediato la nulidad, ya que se viralizó prueba de la causa antes de que se realizara la audiencia de formalización. Precisamente, se refirió al video donde se lo ve a Montilla en el interior de comisaría 4ta. “Se ha viralizado indebidamente y hay que saber quién lo hizo. Hay una violación a la investigación”. Relatando que este pedido no lo hace para dilatar la causa, sino para que se investigue a derecho.
“Él (por el juez Montilla) solo fue a preguntar por la salud. Se ha preocupado y no estaba dando órdenes”, dijo el abogado defensor. También indicó que según su criterio hubo una violación a la cadena de custodia de una prueba. En lenguaje no jurídico significa que la prensa -en este caso- accedió a prueba antes de formalizarse la investigación.
La fiscalía tras dar a conocer los elementos de convicción y pedir la formalización, solicitó una sola medida de coerción para Montilla, precisamente, la de no entorpecer la investigación y de someterse al proceso cada vez que lo requiera. Finalmente, el juez Pablo León, terminó imputando a Montilla y desechó los planteos de no incluir los videos como prueba.
La polémica denuncia contra el juez Roberto Montilla
Quien detectó la irregularidad fue la fiscal María Paula Carena, de Flagrancia, que puso en avisó la actitud sospechosa de Montilla. Fuentes judiciales señalaron que el magistrado llamó vía telefónica en varias ocasiones a la comisaría para conocer la situación del detenido e incluso concurrió en persona a la dependencia policial. Esto, cuando la causa era del juez Ricardo Moine.
Además, habló con un ayudante fiscal. Según la denuncia radicada por Carena, Montilla le dijo “que sería bueno” que Martín fuera a un hogar de día y que se ofrecía a realizar el traslado. Supuestamente, el ayudante fiscal informó que el detenido estaba a disposición del juez de Flagrancia en turno y no de él, y que esa petición no podía cumplirse.
A partir de la presentación de la fiscal Carena, el fiscal Iván Grassi realizó la denuncia contra el juez Montilla por su cuestionada acción y hasta pidió la audiencia de formalización. En los últimos días, Montilla trató de mantener el perfil bajo y salió en TIEMPO DE SAN JUAN, asegurando que iba a aclarar todo en la fiscalía y que nada afectaba su buen nombre.
