Por primera vez dentro de la gestión de Javier Milei, una obra social quedó en el foco de la polémica al punto tal que la misma fue cerrada tras detectar una serie de irregularidades que no supieron justificar. Se trata de la Obra Social del Personal Aduanero de la República Argentina, que no pasó satisfactoriamente las auditoria y le cabio la sanción.
Así se conoció por medio de la publicación en el Boletín Oficial, donde se dio de baja del Registro Nacional de Agentes del Seguro (RNAS), el marco donde se inscriben a las Obras Sociales Nacionales y a otros Agentes del Sistema Nacional del Seguro de Salud, encuadrándolos en la normativa vigente.
Esta decisión se tomó ya que se conoció que, desde su inscripción, la obra social no registra ninguna actividad, no contaba con afiliados ni había desarrollado ninguna prestación médico-asistencial. La falta de estructura de la obra social era tal que se podía interpretar que se trataba de un organismo fantasma.
Esta decisión va en línea con la tarea encarada por Gabriel Oriolo, de la Superintendencia, quien, bajo directivas del Gobierno nacional, está llevando un estricto control sobre las obras sociales y su funcionamiento. Desde el inicio de la gestión se intervinieron 8 obras sociales y se declararon en crisis otras 11.
La liquidación de la Obra Social del Personal Aduanero de la República Argentina es la primera de este tipo de operaciones que realiza esta administración.
Las diferentes medidas apuntan a depurar al sistema de Agentes de Salud de los denominados “sellos de goma”, es decir, aquellas obras sociales sindicales que solo se inscribían en el sistema de salud para recibir subsidios por existir o prestar supuestos servicios que, en rigor, tenían poco control, lo cual permitía que se falsearan registros para conseguir mayores transferencias de fondos.
