El Gobierno nacional anunció este jueves un ambicioso plan que busca permitir el uso de fondos no declarados sin consecuencias legales. Bajo el nombre de “Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos”, el proyecto fue presentado por el ministro de Economía, Luis Caputo, junto al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el titular de la Agencia Federal de Ingresos Públicos (ARCA), Juan Alberto Pazo.
En esta primera etapa, el Gobierno dispuso quitar ciertos controles en operaciones financieras y elevar los montos mínimos a partir de los cuales deben informarse movimientos al fisco. Sin embargo, para que el plan tenga alcance real y perdure más allá de esta administración, es necesario avanzar con cambios legislativos que deben ser tratados en el Congreso.
Cambios propuestos: evasión, fiscalización y prescripción
Entre las principales modificaciones que se incluirán en el proyecto de ley —que ingresaría por la Cámara de Diputados— se destaca la reforma de la Ley Penal Tributaria, aumentando el umbral que define evasión: de los actuales $1,5 millones se elevaría a $100 millones.
En paralelo, el Gobierno pretende reformar la Ley de Procedimiento Fiscal, con un punto central en la reducción del plazo de retroactividad para que ARCA investigue irregularidades. Hoy el organismo puede auditar hasta seis años atrás; la propuesta sería llevarlo a cuatro o menos.
Otras modificaciones apuntarán a reducir los períodos de prescripción, limitar los procesos de presunción y determinación de oficio, y recortar las facultades del ente recaudador, medidas que generan resistencia en sectores de la oposición.
Ganancias e impacto en las provincias
Uno de los aspectos más sensibles tiene que ver con el Impuesto a las Ganancias, ya que los patrimonios declarados en este nuevo esquema podrían reflejar ingresos no tributados previamente, lo que impactaría directamente en la coparticipación federal. Gobernadores y legisladores ya expresaron preocupación por la posible baja en la recaudación.
“Hay que ver cómo lo conversan con los gobernadores. La baja de Ganancias afecta directamente a las provincias. Si no hay fondos, difícil que acompañen”, advirtió una diputada opositora.
También se prevé un efecto sobre la recaudación del IVA, otro tributo coparticipable, por lo que el Gobierno deberá negociar con las provincias para evitar el rechazo parlamentario.
Presión legislativa y dudas sobre el envío
Desde distintos bloques legislativos reclaman que el proyecto se envíe cuanto antes, ya que los anuncios carecen de respaldo legal si no se aprueba una normativa concreta. Algunos diputados señalan que sin ley, el esquema anunciado no genera seguridad jurídica para quienes estarían dispuestos a sincerar su situación patrimonial.
“¿Quién va a ir a gastar dólares no declarados si sabe que lo pueden perseguir hasta 2026?”, se preguntó un legislador del PRO, que sigue de cerca los temas fiscales.
La expectativa en el Congreso es que el proyecto ingrese a más tardar la próxima semana. “Pusieron a Caputo, a Bausili y a Pazo a explicarlo. Sería insostenible que ahora se demoren o no lo envíen. Ya pasó con otros anuncios”, advirtió un diputado con experiencia en temas presupuestarios.
