El Gobierno nacional confía en que logrará sancionar el Presupuesto 2026 antes de fin de año o en los primeros días de 2026. Tras la media sanción en la Cámara de Diputados, en la Casa Rosada tomaron la decisión de no introducir modificaciones al texto aprobado y avanzar directamente en el Senado para evitar un nuevo paso por la Cámara baja.
“El Presupuesto, tal como está, nos deja tranquilos”, aseguraron desde el entorno presidencial. La estrategia oficial apunta a acelerar los tiempos legislativos y cumplir con el compromiso asumido ante el Fondo Monetario Internacional de contar con una ley de gastos y recursos aprobada por el Congreso.
En ese marco, el Ejecutivo ya definió que no insistirá con la derogación de las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia en Discapacidad, que habían sido incluidas en el polémico Capítulo XI y que finalmente no prosperaron por falta de apoyos. Gobernadores aliados advirtieron que no contaban con margen político para avalar esa medida, lo que terminó por sellar su exclusión del proyecto final.
La preocupación ahora pasa por cómo compensar el impacto fiscal que implica mantener esas leyes vigentes. Desde el oficialismo admiten que habrá una reasignación de partidas y no descartan utilizar fondos que hoy reciben las provincias. “Estamos obligados a hacerlo para llegar a los números”, reconocieron.
Uno de los puntos que generó mayor malestar entre los mandatarios provinciales fue un artículo vinculado al sector energético. El Presupuesto habilita un mecanismo para que distribuidoras eléctricas puedan compensar deudas con Cammesa utilizando créditos surgidos de la emergencia tarifaria. Mientras que en el caso de Edenor y Edesur —bajo jurisdicción nacional— la Nación asumiría el cálculo y la compensación, las provincias deberían reconocer como propia la deuda de sus distribuidoras y cancelarla con fondos ya adeudados por el Estado nacional.
Esta situación generó fuertes críticas, incluso de provincias con cuentas regularizadas. “Los que no pagaron ahora reciben beneficios, y el resto queda perjudicado”, resumieron desde La Libertad Avanza.
Tras la votación en Diputados, el presidente Javier Milei reunió de urgencia a la Mesa Política y dejó en claro que el Presupuesto debía salir “como fuera”. En las horas siguientes, el Gobierno confirmó que no avanzaría con nuevas derogaciones y ordenó alinear el discurso interno para evitar mayores tensiones con los gobernadores.
Si bien en el oficialismo destacaron que se ganaron 19 de las 20 votaciones en Diputados, también hubo autocríticas por la redacción del Capítulo XI y por el desgaste político que generó. Algunos aliados advirtieron que este episodio podría anticipar mayores dificultades legislativas si no se recompone la relación entre Nación y provincias.
En ese delicado equilibrio se juega buena parte de la gobernabilidad: el Gobierno necesita votos para avanzar con sus reformas y las provincias, recursos para sostener sus cuentas. El Presupuesto 2026 será la primera gran prueba de esa relación.
Fuente: Infobae
