La llegada del nuevo Fiscal General al Ministerio Público representó una serie de cambios importantes puertas adentro, aunque también dejó al descubierto una deuda que, según reconocen trabajadores del propio organismo, todavía sigue pendiente. Se trata de la asistencia psicológica para quienes investigan delitos graves todos los días. Una iniciativa que había impulsado Eduardo Quattropani y que, por el momento, no formaría parte de los planes de la actual gestión encabezada por Guillermo Baigorrí.
Dentro del organismo, aseguran que la idea fue una de las últimas que Jimmy alcanzó a plantear antes de que su estado de salud empeorara y le impidiera avanzar con sus planes. Era algo que se hablaba en las filas de la fiscalía desde hacía tiempo y él lo sabía. Por eso lo tenía como un paso a dar, dado que tenía en claro por dónde comenzar y quiénes serían los primeros en contar con apoyo psicológico.
El proyecto apuntaba especialmente a los fiscales, ayudantes fiscales y agentes que intervienen en investigaciones complejas, sobre todo en áreas como la UFI ANIVI, donde a diario se trabaja con causas de abuso sexual contra menores y otros delitos de extrema gravedad. Según trabajadores del propio organismo, el desgaste emocional es una realidad que se repite y que muchas veces no cuenta con un acompañamiento profesional adecuado.
De ello tomó nota el Consejo de Fiscalías y Asesorías, que nuclea a los trabajadores del Ministerio Público y que pondrá en marcha un programa integral de salud para sus asociados, con foco en la prevención en el cuidado de la salud mental, dada la problemática creciente que supone dentro del ámbito judicial. La presidenta de CONFIAS, Laura Romarión, le había dicho a este diario que el objetivo era firmar un convenio con una clínica para brindar asistencia psicológica.
En ese marco, sostuvo: “Los operadores jurídicos intervienen en causas muy graves, como delitos contra la integridad sexual o casos con víctimas menores. Son temáticas muy complicadas”. Además, la Asesoría de Menores reconoció: “Uno cree que ya escuchó todo, pero día a día la realidad redobla la apuesta”.
En 2023, el Ministerio Público Fiscal, la Corte de Justicia de San Juan y el Colegio de Psicólogos de la Provincia firmaron un acuerdo, aunque el mismo apuntaba a garantizar asistencia psicológica a niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual. Fue rubricado por Quattropani, el entonces presidente de la Corte, Guillermo Horacio De Sanctis, y la titular del colegio profesional, Gema Giselle Galván.
Sin embargo, dentro del Ministerio Público aseguran que el paso siguiente que tenía previsto el ex Fiscal General era ampliar ese esquema para los propios trabajadores del organismo, especialmente para quienes están expuestos a situaciones de alto impacto emocional. “Para los empleados es algo necesario con todo lo que deben lidiar todos los días”, sostienen fuentes internas.
Por ahora, no hay ningún proyecto oficial en marcha. La conducción actual apenas lleva cinco meses y desde su llegada Baigorrí impulsó cambios estructurales que fueron bien recibidos dentro del ámbito penal. De hecho, el propio Fernando Castro, presidente de la Asociación de Abogados Penalistas, destacó públicamente algunas de esas medidas. En Off the récord, resaltó la eliminación de la USA y el desplazamiento de los supervisores de las unidades fiscales.
Entre las decisiones más fuertes de Baigorrí sobresalen la disolución de la Unidad de Soluciones Alternativas, por generar frenos evitables en los procesos judiciales, y los cambios de figuras al frente de las unidades fiscales, en especial en el área de Flagrancia, que derivaron en nuevos nombramientos y reorganizaciones internas. Lo mismo ocurrió con la fiscalía en la Justicia de Menores y la oficina de finalización de causas.
Esta semana, el Fiscal General participó de la jornada “Justicia Especializada en Salud Mental y Programa de Justicia Restaurativa”, donde se habló de la necesidad de avanzar hacia una justicia más humana y de incorporar nuevas herramientas para el abordaje de conflictos penales, sobre todo en casos que involucran a menores.
Pese al abordaje de la temática, el encuentro del que también participó el ministro de la Corte de Justicia, Juan José Victoria, estuvo enfocado principalmente en la implementación de la nueva ley penal juvenil y en el desarrollo de la justicia restaurativa. Es decir, que los anuncios vinculados a la asistencia psicológica para los investigadores aún se hacen esperar.
Así, en las entrañas del Ministerio Público reconocen que la idea sigue siendo necesaria y esperada, aunque todavía no forma parte de la agenda inmediata. Una deuda que había empezado a tomar forma durante los últimos meses de la gestión de Quattropani y que, por ahora, continúa sin concretarse.
