Este martes, la justicia sanjuanina resolvió la suspensión del juicio a prueba por el plazo de un año a Ignacio Manuel Flores y Alberto Jesús Flores, acusados de protagonizar un violento robo agravado en una vivienda del departamento Rivadavia. La decisión fue tomada tras una audiencia en la que el Ministerio Público Fiscal y la Defensa acordaron la aplicación de una medida alternativa, debido a que ambos imputados no cuentan con antecedentes penales y tras la resolución quedaron en libertad.
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El hecho investigado ocurrió el 4 de diciembre de 2025, alrededor de las 4 de la madrugada, en una casa ubicada en Falucho Sur, donde se encontraba la denunciante junto a su madre y una sobrina menor de edad. Según la acusación fiscal representada por Juan Manuel Gálvez, los imputados y un tercer sujeto que se encuentra prófugo Campillay forzaron la puerta e ingresaron al domicilio, donde redujeron a la víctima mediante violencia física y amenazas. Mientras uno la obligaba a tirarse al piso, los otros revisaban distintas habitaciones.
Durante el asalto, los atacantes sustrajeron dinero en efectivo por unos 350.000 pesos, teléfonos celulares, joyas, zapatillas, una billetera, una mochila infantil y otros efectos personales, para luego huir en un automóvil Volkswagen Gol. La investigación incluyó declaraciones testimoniales, análisis de cámaras de seguridad, allanamientos y secuestros, que permitieron identificar a los autores y recuperar parte de lo robado, entre ellos joyas reconocidas por la víctima y el vehículo utilizado.
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La fiscalía imputó a los hermanos Flores por el delito de robo agravado por haber sido cometido en lugar poblado y en banda, en calidad de coautores. Sin embargo, se acordó la suspensión del proceso a prueba, la cual fue homologada por el juez interviniente, en acuerdo con la defensa oficial de la Dra. Sandra Leveque.
Como condiciones, ambos deberán realizar tareas comunitarias no remuneradas por 16 horas cada uno, dentro de un plazo de dos meses, bajo control de la Oficina de Medidas Alternativas. Además, deberán abonar una reparación simbólica de 30.000 pesos en total, entre ambos, a favor de la denunciante, suma que deberá ser entregada entre el 1 y el 10 de enero de 2026.
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También se dispuso una prohibición de acercamiento a menos de 500 metros respecto de la víctima y su domicilio, así como la prohibición de cualquier tipo de contacto por redes sociales o medios telefónicos. Por otra parte, el juez ordenó la devolución del automóvil secuestrado a su titular registral y la entrega del dinero recuperado a la damnificada, a través de la Fiscalía.
Finalmente, el magistrado resolvió hacer cesar la detención de Ignacio y Alberto Flores, quienes recuperaron la libertad, quedando sujetos al cumplimiento estricto de las medidas impuestas durante el plazo de un año.
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