Mediante la decisión administrativa 29/2025, publicada el viernes en el Boletín Oficial, el Gobierno amplió el presupuesto para Salud en $ 35.832 millones. En la disposición se incluye a los hospitales nacionales, aunque también se reafirma que la ley de Emergencia Pediátrica está suspendida hasta tanto los legisladores determinen la fuente de su financiamiento. Sin embargo, atribuyen el actual incremento a la “voluntad” del Ejecutivo de “atender, dentro de las disponibilidades presupuestarias actuales, las necesidades tenidas en cuenta por el Congreso al sancionar la referida ley”.
Desde el inicio de la gestión los cuatro hospitales nacionales perdieron 905 trabajadores, lo que representa un 12% del total (pasaron de los 7.520 a los 6.615). El dato se desprende del último reporte de dotación de la administración pública que se dio a conocer esta semana. Los que más caídas presentaron fueron el hospital Posadas (-14,3%) y el Laura Bonaparte (-9,6%).
El Ministerio de Salud fue, por otra parte, el que más reducción presentó en septiembre: 6,7% en los últimos treinta días. Pasó de tener 13.882 empleados en agosto a 12.953 en el noveno mes del año.
El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) explicó en su análisis sobre el reporte oficial que, desde el comienzo del gobierno de Javier Milei, “en el ámbito de la salud, se registraron reducciones que resultan particularmente graves. La Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) sufrió un recorte del 36% de su dotación, afectando la atención integral de personas con discapacidades, en un contexto de creciente demanda y necesidad de intervención estatal con perspectiva comunitaria y de DDHH”.
Esta semana, como parte de los anuncios poselecciones, la Andis informó que habilitará una actualización de los aranceles del 29% y el 35% para los prestadores en discapacidad, que regirá entre octubre y diciembre de 2025.
Incrementos cuestionados
Desde el Foro Permanente de Discapacidad, que nuclea a diferentes organizaciones que trabajan en la temática, advirtieron en un comunicado que el aumento “no compensa el atraso acumulado desde el inicio de la actual gestión, en diciembre de 2023”. Este retraso llegaba al 70% en agosto de 2025 y, destacaron, “fue generado por la propia gestión del Gobierno nacional”.
Aclararon que si bien esta situación “no comenzó con el gobierno actual” se trata de “un atraso reconocido” por la gestión de Milei.
Por otro lado, explicaron que las prestaciones se facturan a mes vencido, lo que significa que el incremento anunciado (que se hará efectivo completamente en diciembre), se facturará recién en enero y se cobrará entre 60 y 90 días después. “En consecuencia, los prestadores percibirán el incremento total, con suerte, entre marzo y abril de 2026”.
“El aumento otorgado representa solo la mitad de lo establecido por la Ley de Emergencia en Discapacidad para el mes de octubre y, además, se paga de manera fraccionada”. Aun así, “el Gobierno lo comunica como si se tratara de una respuesta a las necesidades reales de los prestadores, cuando en realidad no cumple con los parámetros fijados por la ley”.
Por último, subrayaron que esto tampoco compensa el atraso acumulado: los profesionales y centros de atención seguirán sin poder cubrir los costos de funcionamiento ni afrontar las deudas que tomaron. “En estas condiciones, resulta inviable sostener la calidad y la continuidad de los servicios que se brindan a las personas con discapacidad”.
El mensaje es claro, finalizaron: “’conténtense con esto, ¿qué más pretenden?’, una frase que refleja la falta de consideración hacia quienes sostienen, día a día, la atención y el acompañamiento de las personas con discapacidad”.
Respecto al aumento anunciado a los hospitales nacionales, y según pudo relevar PERFIL en el presupuesto abierto, también caben algunas salvedades. En la decisión administrativa publicada el viernes en el Boletín se incrementa en $ 66 millones el dinero asignado al Bonaparte, pero la institución mantenía hasta ahora el mismo presupuesto que en 2024: $ 16.815 millones, de los cuales, a noviembre, se ejecutaron $ 12.637 millones (el 80%). Por otro lado, el hospital Baldomero Sommer –al que se le otorga un extra de $ 76,9 millones– presenta una subejecución presupuestaria: para el penúltimo mes del año gastó el 69,6% de lo previsto para 2025 ($ 40.775 millones, un 7% más que en 2024). El hospital Dr. Ramón Carrillo, que había incrementado su presupuesto en 10,8% en 2025 respecto a 2024 (21 puntos porcentuales por debajo de la inflación) recibirá $ 98,2 millones extra y hasta ahora ejecutó el 79,9% de lo consignado. Por último, al hospital Posadas se le asignaron $ 6.900 millones adicionales: hasta ahora, el presupuesto había crecido un 14,9%, también por debajo del 31,8% de inflación interanual en septiembre. Con esto, sus recursos se incrementarán un 18,9% en relación a 2024.
