Si bien guardó silencio y no dio explicaciones sobre por qué hizo lo que hizo, la bioquímica que realizó la amenaza de bomba contra el Hospital Rawson y desató un verdadero caos aceptó la sanción y fue castigada por la Justicia con una cifra millonaria. Se trata de Rosario Cortés Zmutt, quien efectuó un llamado al 911 para advertir que había un artefacto explosivo en el lugar y ello forzó la evacuación hasta de personas internadas en terapia intensiva.
Luego de que las autoridades rastrearan la señal telefónica, descubrieron a la profesional que cumplía tareas en el nosocomio de Capital como residente y la llevaron tras las rejas, imputada por el delito de intimidación pública en perjuicio del orden público. Es por eso que, a casi dos meses del incidente ocurrido el 3 de junio de este año, la autora se presentó frente al juez de Garantías que le dictó la suspensión de juicio a prueba, le ordenó el pago de $4 millones y le impuso el cumplimiento de tareas comunitarias.
Representada por la defensora oficial Cecilia Mut, la mujer de 30 años ofreció el pago simbólico destinado a la Provincia y Salud Pública, dado el perjuicio ocasionado, y acordó la solución alternativa del conflicto con el fiscal de la UFI Genérica, Ignacio Achem. Fue por ello que el juez de Garantías, Eugenio Barbera, homologó el trato y emitió la sentencia.
Además de recibir la probation por el término de un año, la profesional de la salud deberá realizar el pago millonario como así también cumplir con 36 horas de trabajos comunitarios donde la Oficina de Medidas Alternativas lo defina, en un transcurso de tres meses, a partir de la fecha.
b5598432-f282-490f-a9c4-fcc2244a82ae
Aunque la opinión de la parte querellante no resulta vinculante, los abogados que representan a la Fiscalía de Estado, Gabriel Sanz y José Herrero, no se opusieron al acuerdo y consideraron que el castigo resultaba acorde al daño que sufrió la administración pública con la falsa amenaza de bomba.
Con este arreglo, Cortés Zmutt evitó recibir una condena que marque sus antecedentes penales. No obstante, el juez Barbera le anticipó que, en caso de incurrir en un nuevo delito, se revocaría el beneficio y la pena podría ser todavía más grave. Es que la figura penal que ejecutó fue la prevista en el artículo 211 del Código Penal, que establece “una pena de prisión de dos a seis años para quien, con el fin de infundir temor público o suscitar tumultos o desórdenes, realice señales, dé voces de alarma, amenace con un delito de peligro común o utilice otros medios idóneos para producir esos efectos”.
0ee76a30-5706-458c-b2b9-78eec9eb3b58
El incidente sucedió cuando la mujer realizó la amenaza en el marco de una supuesta visita de autoridades de gobierno al Hospital Rawson. Frente al inminente y supuesto peligro, se montó un operativo de seguridad previsto para este tipo de hechos y cientos de personas debieron ser evacuadas, incluso aquellas que se encontraban en grave estado.
