El gendarme Héctor Guerrero continuará procesado por las gravísimas lesiones producidas al fotógrafo Pablo Grillo y por el abuso de armas en otras cinco oportunidades durante la manifestación de los jubilados del pasado 12 de marzo. Así lo resolvió la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones, por decisión de los jueces Eduardo Farah, Martín Irurzun y Roberto Boico. En su voto, Boico además, exigió que se profundice la investigación por las eventuales responsabilidades de las autoridades a cargo del operativo.
El tribunal también ratificó un embargo de 203 millones de pesos sobre sus bienes.
Para los tres magistrados la autoría del disparo quedó acreditada a partir de videos de drones, registros de medios de comunicación y material aportado por organismos de derechos humanos, además de informes de la propia Gendarmería. Las imágenes permitieron identificar al efectivo que realizó el disparo y reconstruir la trayectoria del proyectil. La Cámara rechazó los argumentos de la defensa, que había sostenido que el disparo fue accidental y que el arma utilizada no era de precisión. En su fallo, los jueces recordaron que los manuales del fabricante y los estándares internacionales establecen que este tipo de armas no debe dispararse directamente hacia personas por el riesgo de causar lesiones graves o mortales.
El tribunal de alzada consideró que la reiteración de disparos en un corto lapso refuerza la hipótesis de una conducta deliberada y descartó que se tratara de un hecho aislado. También avaló el monto del embargo en función de la gravedad del caso y de la complejidad de la investigación.
La situación del gendarme Guerrero había llegado a la Cámara de Apelaciones luego de un planteo de la defensa del acusado en la que pidió revocar el procesamiento como presunto autor del disparo con una pistola lanzagases contra Pablo Grillo, quien sufrió heridas gravísimas durante la represión policial a aquella protesta de jubilados en el centro porteño.
Guerrero, asistido por los abogados Martín Sarubbi y Claudio Nuncija, solicitó revertir el procesamiento que oportunamente había sido dictado por la jueza federal María Servini. La defensa sostuvo que no está acreditado que el gendarme haya sido el autor del disparo y afirmó que su conducta se ajustó a los protocolos vigentes para el uso de armas lanzagases. En tanto, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que interviene como querellante, respaldó la resolución de Servini y la validez de las medidas de prueba, entre ellas el relevamiento en el lugar del hecho, un informe balístico de la Policía de la Ciudad y la reconstrucción denominada “Mapa de la Policía”, elaborada por realizadores audiovisuales y peritos forenses.
El hecho ocurrió el 12 de marzo, entre las 17 y las 17.25, durante una manifestación en defensa de los jubilados. Según la resolución, Guerrero efectuó varios disparos con una pistola lanza gases de manera horizontal y antirreglamentaria, apuntando hacia los manifestantes.
Uno de esos disparos impactó en la cabeza de Grillo, quien se encontraba a unos 50 metros del cordón policial y resultó con fractura expuesta de cráneo y lesiones que pusieron en riesgo su vida. Peritajes médicos confirmaron que las heridas demandaron más de 30 días de curación y de incapacidad laboral.
Servini entendió que Guerrero cometió los delitos de lesiones gravísimas y abuso de armas, agravados por ser miembro de una fuerza de seguridad.
