El caso del juez de garantías Roberto Montilla que fue denunciado hace una semana por intentar favorecer a un preso también será investigado mediante un sumario interno, según dijo la presidenta de la Corte de Justicia de San Juan, Adriana García Nieto. Este proceso corre por una vía paralela a la causa que se tramita en fuero penal en la Justicia ordinaria y lo primero no puede avanzar en cierta instancia hasta que no se resuelva lo segundo.
El magistrado quedó en la mira por los supuestos delitos de usurpación de funciones en grado de tentativa e incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso ideal en calidad de autor y este lunes tiene su audiencia de formalización en tribunales. Por otro lado, el juez presentó como contraataque una denuncia penal contra el fiscal Iván Grassi, que lo acusó inicialmente por su desempeño y pidió que se lo investigue por incumplir con sus deberes y tráfico de influencia.
A la par, se inicia una investigación interna en el Poder Judicial. “El fiscal General puso en conocimiento de que iban a formalizar contra el doctor Montilla por las actuaciones del domingo pasado anterior. Frente a eso, inmediatamente nosotros le vamos al área legal y técnica, que es quien nos da un dictamen, no vinculante, a ver cuáles son los pasos a seguir. Y la recomendación fue iniciar un sumario de investigación. Este sumario justamente la base práctica que tiene es ese hecho puntual. Y la posible existencia de una formalización y que pueda advertir una cuestión penal”, dijo la cortista este lunes en diálogo con radio Estación Claridad.
García Nieto dijo que esta semana empieza a trabajar el sumariante. “Lo que pasa es que, como es dependiente de una instancia penal, por más que pueda comenzar a investigar el sumario, va a tener un punto en el que tiene que frenar, porque tiene que quedar a la espera, porque no es lo mismo si se cometió o no se cometió el delito. Si hubo tentativa, no es la misma falta, lo tiene que ser considerado también en la parte disciplinaria”, aclaró la presidenta de la Corte.
Respecto de si han evaluado suspender en el cargo a Montilla mientras se sustancia este sumario administrativo, García Nieto dijo que la suspensión no es inmediata, porque tiene que haber por lo menos el derecho de defensa, tiene que notificársele a la persona que estaba en proceso de un sumario. “Salvo que pueda seguir cometiendo delitos de tal manera en el ámbito de sus funciones que ahí ni siquiera se suspende, sino que a veces lo que se hace es sacarle las funciones que normalmente tiene o que tiene para pasarlo para ir al otro lugar, hasta que pueda darse el derecho de defensa”, aclaró.
La máxima sanción que tiene la Corte de Justicia respecto al comportamiento es la suspensión. “Tenemos que ser muy respetuosos de los procesos y de la legislación, porque si no después la consecuencia es peor”, concluyó García Nieto.
El resonante caso
El sábado 5 de abril se aprehendió de manera flagrante a José Benito Martín por el presunto delito de estafa y que quedó alojado en la Comisaría 4°, ubicada en Avenida Libertador y Paula Albarracín de Sarmiento. No pasaron ni 24 horas y el juez Montilla llamó a la Seccional. El domingo 6 de abril a las 14, dijo ser juez de Garantías, que conocía al detenido y sugirió al oficial de policía que lo atendió que se comunicara con la ayudante fiscal que intervenía en el caso para que Martín fuera trasladado a una residencia para adultos mayores.
No fue el único llamado de Montilla. Aparentemente se comunicó otra vez durante la noche ese domingo. Atendió una agente y el juez, que volvió a presentarse como tal, pidió hablar con el oficial a cargo. Una oficial atendió al supuesto magistrado, que le preguntó si había hecho efectivo el traslado de Martín. Hubo una respuesta negativa y se cortó la comunicación. Una hora después, Montilla volvió a llamar y solicitó hablar con el ayudante fiscal que estaba en la Seccional, en ese momento era Emiliano Usín de Flagrancia.
Según la denuncia radicada por la fiscal María Paula Carena, Montilla le dijo “que sería bueno” que Martín fuera a un hogar de día y que se ofrecía a realizar el traslado. Supuestamente, el ayudante fiscal informó que el detenido estaba a disposición del juez de Flagrancia en turno y no de él, y que esa petición no podía cumplirse. La presentación se hizo el lunes 7 de abril y quedó en manos del fiscal coordinador de Delitos Especiales, Iván Grassi, quien solicitó la audiencia de formalización contra Montilla.
