La guerra judicial por la expropiación de La Superiora sigue en pie y, a pesar de que en el medio se presentaron episodios dignos de una novela, su resolución pareciera lejana en el corto plazo. Es que en la historia hubo de todo, desde el fuego cruzado entre las partes, fallos controversiales, precios exorbitantes y hasta un pedido de jury contra tres miembros de la Corte de Justicia. Lo anecdótico, al fin y al cabo, resulta que el litigio volvió prácticamente a foja cero.
Lo último que se registró fue que la causa bajó a primera instancia y será instruida por un nuevo juez, luego de que la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, integrada por los jueces María Josefina Nacif, Juan Carlos Pérez y Juan Jesús Romero, ordenara apartar a la jueza Adriana Tettamanti del caso y determinara que el complejo de la ex bodega fuera tasado nuevamente.
La autoridad resolvió que se vuelva a definir el valor real y actual del inmueble, lo que provocó gran impacto y se debió al planteo de nulidad que hizo la Municipalidad de Rawson, tras la sentencia de la Corte de Justicia. La misma había dictaminado que el municipio pagara el 13% del total del complejo expropiado y el Tribunal de Tasación hiciera los cálculos pertinentes.
Bajo la supervisión de Tettamanti, con el interés de Cuyo Inversiones S.A (propietarios que reclaman la deuda) y la nula participación de la municipalidad, el sitio fue tasado y cotizado a precio de dólar blue -según señalan fuentes del caso-, por lo que se estimó un valor total de $1.400 millones. Como consecuencia, el municipio se vio forzado a pagar $371 millones.
Si bien el predio fue expropiado 13 años atrás y la transacción extrañamente nunca se completó, quedando una deuda pendiente, hace casi un año estalló el escándalo. Fue el 28 de mayo del 2024, cuando Tiempo de San Juan publicó la situación de crisis que afrontaba la gestión de Carlos Munisaga.
El equipo legal tomó conocimiento del monto millonario que debía pagar por la expropiación y pegó el grito en el cielo, dado que asumir el costo significaba un enorme perjuicio económico para la administración. Es por eso que presentó un recurso de apelación contra lo resuelto por el Juzgado Contencioso Administrativo y, tras varias idas y vueltas, consiguió que todo lo actuado en 2023 a partir del fallo del máximo tribunal fuera desestimado.
Primero presentó una queja que fue rechazada en tiempo récord por las juezas María Josefina Nacif y María Eugenia Varas. Sin embargo, el expediente llegó a la Cámara de Apelaciones en lo Civil, que hizo lugar al planteo de nulidad. En más de mil fojas, los abogados del municipio descubrieron que durante el proceso de tasación -del que el municipio se desentendió por completo- se registraron irregularidades que le permitieron impugnar lo obrado y, finalmente, descartar la exorbitante cotización.
Fuentes allegadas comentaron que hubo pasos que la asesora letrada del Tribunal de Tasación marcó, pero que se saltearon y, por esas imprecisiones, el equipo legal del municipio pudo plantear la nulidad. Es que la Ley de Expropiaciones -por ejemplo- exige que todas las partes involucradas estén en conocimiento de lo que sucedía y, como eso no pasó con la municipalidad, ese fue el argumento que encontraron para conseguir que la tasación quedara sin efecto.
Ahora, la causa quedó en manos de un nuevo magistrado y será él quien deba ordenar otra tasación, pese a la resistencia que presenta Rawson. La gestión de Munisaga sostiene -desde principio- que la ley es clara en cuanto a prohibir la aplicación de índices para definir deudas, por lo que manifestaban que la tasación que se hizo en 2017 debía quedar firme.
Desde que finalizó la feria judicial este 2025 no ha habido novedades del caso, según aseguran las fuentes. El último movimiento ocurrió con el fallo de la Cámara que provocó revuelo y, curiosamente, todo parece “descansar” en un despacho judicial del fuero civil.
A propósito de la exorbitante cotización, que fue exigida por la Corte de Justicia, el ex candidato a gobernador Sergio Vallejos generó revuelo cuando presentó un pedido de jury en la Cámara de Diputados contra los tres cortistas que respaldaron tal acción. Se trató de un pedido de juicio político contra los integrantes de la Sala Primera, Marcelo Lima, Adriana García Nieto y Daniel Olivares Yapur, por falta de cumplimiento de deberes a su cargo.
El dirigente buscaba la destitución de los mismos y argumentaba, invocando el artículo 219 de la Constitución Provincial, que no podían avalar montos impagables. A su defensa, Olivares Yapur indicó que lo que habían hecho había sido disponer la aplicabilidad de la ley 1790, sin cambiar criterio alguno, lo que suponía calcular el monto de la tasación a valor real y actual. Finalmente, la presentación de Vallejos no llegó a ningún lado y fue rechazada. No obstante, significó un capítulo más de la novela.
La disputa por la expropiación de La Superiora comenzó en 2012, durante la gestión del intendente Juan Carlos Gioja (PJ). En aquel momento, el Tribunal de Tasaciones valuó el predio en 6.800.000 pesos. El jefe comunal ya había pagado 5.000.000 de pesos de indemnización a los propietarios -tras la declaración de utilidad pública del lugar- y se había comprometido a pagar un poco más de un millón de pesos, el equivalente al 15% restante del total. Como nunca se saldó la deuda, todo terminó en una disputa judicial.
Tanto el municipio como los ex dueños -entre los cuales se encuentra el empresario Pallito- apelaron y el caso llegó a la Corte de Justicia, que ordenó la nueva tasación, a principios del 2023. Esta nueva valuación aumentó el valor del inmueble a casi 1.500 millones de pesos y, en efecto, se elevó la deuda a 370 millones de pesos, incluyendo intereses.
Aunque la administración municipal anterior (del justicialista Rubén García) no cuestionó ni el fallo de la Corte ni la nueva tasación, la actual conducción de Munisaga solicitó la nulidad del proceso. La Sala IV de la Cámara Civil accedió a analizar el planteo, suspendiendo la ejecución de la sentencia hasta tomar una decisión definitiva.
Esta postura fue calificada por Cuyo Inversiones -la empresa de Matías Pallito y sus asociados- como un “escándalo jurídico”, dado que Rawson no se opuso al nuevo valor de la tasación en su momento, y luego intentó impugnarlo seis meses después bajo el argumento de que era una nueva administración municipal. Denunció que la Cámara aceptó tratar una queja “extemporánea” retrasando aún más la resolución del conflicto que ya lleva 13 años de tironeos.
