La empresa NGEx Minerals informó esta semana el hallazgo de importantes concentraciones de oro en el proyecto Lunahuasi, ubicado en el Distrito Vicuña, en Iglesia. Tras el anuncio, que incluye leyes de oro superiores a las registradas en Veladero, el Gobierno de La Rioja volvió a cuestionar los límites interprovinciales con San Juan y aseguró que parte de los recursos del proyecto serían riojanos. La disputa entre ambas provincias no es nueva. En abril pasado, el gobernador riojano Ricardo Quintela puso en duda la vigencia de los límites territoriales actuales. Incluso, la Justicia de la vecina provincia ordenó interrumpir el paso hacia Vicuña por Guandacol hasta que la empresa minera presentara un informe de impacto ambiental ante las autoridades riojanas.
Esta vez fue el ministro de Producción de La Rioja, Ernesto Páez, el encargado de encender una nueva polémica. Según lo publicado por Fenix Multiplataforma, el funcionario dijo que el proyecto se encuentra “debajo del Glaciar El Potro”, en territorio riojano, y remarcó que tanto los recursos minerales como los posibles impactos ambientales “corresponden a La Rioja”. Además, apuntó directamente contra el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego: “tiene que entender que esos minerales y sus impactos ambientales son riojanos”.
El nuevo planteo de La Rioja se da luego de que la empresa revelara los resultados de exploración en Lunahuasi, que sorprendieron por sus altísimas concentraciones de oro: se detectaron tramos con hasta 1.740 gramos por tonelada de roca y otros con más de 200 gramos por tonelada. Para dimensionarlo, minas sanjuaninas como Veladero históricamente trabajaron con valores cercanos a 1 gramo por tonelada, mientras que sectores considerados “ricos” en Gualcamayo rondaban entre 2 y 5 gramos. Incluso en exploración, hallazgos superiores a 10 gramos por tonelada ya suelen generar gran expectativa en el mercado.
La polémica entre ambas provincias comenzó en abril pasado. En ese entonces, fue el propio Quintela en poner el foco sobre los límites interprovinciales que están fijados por ley desde 1968 (en ese “reclamo” ingresó la potestad de Vicuña). Paralelamente, la Justicia riojana frenó durante 30 días parte de las actividades logísticas vinculadas al megaproyecto Vicuña y bloqueara el paso de maquinaria e insumos por el camino de Guandacol. Desde el gobierno riojano sostienen que el proyecto genera impacto ambiental sobre territorio, que la operación depende de infraestructura vial que atraviesa La Rioja y que, por esa razón, la provincia debe participar de los beneficios económicos, laborales y comerciales que genere la explotación.
Si bien el corte por el camino de Guandacol persistió durante algunas semanas, finalmente fue levantado el pasado 8 de mayo. Días más tarde, Quintela mantuvo una reunión con José Morea, Country Director de Vicuña, en la que establecieron una agenda de cooperación conjunta. Lejos de apagarse la polémica, desde Fénix Multiplataforma informaron que el secretario de Ambiente de La Rioja, Santiago Azulay, trabaja en un informe técnico que será elevado al gobernador riojano. Según trascendió, el Ejecutivo riojano pedirá formalmente los estudios de impacto ambiental de los proyectos en discusión y buscará reafirmar la soberanía provincial sobre los recursos hídricos y minerales de la zona.
El trasfondo político detrás
Hay quienes sostienen que detrás de la disputa minera entre San Juan y La Rioja también existe un fuerte componente político. Desde el orreguismo dejaron trascender críticas hacia sectores del peronismo vinculados al uñaquismo y al kirchnerismo, mientras desde la política plantean que Quintela aprovechó el conflicto por Vicuña para plantarse a nivel nacional como una de las voces opositoras más duras contra el oficialismo y en defensa de los intereses riojanos.
