“Nosotros hoy estamos trabajando con la posibilidad de activar 300 operatorias”, ratificó Elina Peralta, directora del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), al referirse al esperado relanzamiento de los préstamos para la construcción en lote propio. Según explicó la funcionaria, la intención oficial es concretar esta apertura durante el segundo semestre del año, una vez que se termine de pulir el borrador administrativo y se aseguren los fondos provinciales necesarios, dado que la provincia ahora financia la totalidad de la obra pública tras la quita de recursos nacionales. La importancia de esta medida se da en reactivar una herramienta clave para la clase media sanjuanina, permitiendo que familias con terreno puedan acceder a un crédito que, a pesar de las actualizaciones, seguirá siendo más accesible que cualquier opción bancaria tradicional.
La nueva política para la denominada “Operatoria Individual” busca corregir fallas históricas y asegurar que el dinero del Estado llegue a quienes realmente lo necesitan para terminar su casa. En un contexto donde la inflación y la falta de ahorro previo son los principales obstáculos, el IPV decidió modificar sustancialmente el esquema de financiamiento. Mientras que antes se cubría el ochenta por ciento de una vivienda de ochenta metros cuadrados, Peralta confirmó que en la nueva etapa el beneficio será mayor para el adjudicatario. El organismo decidió que ahora cubrirá el cien por ciento de una construcción de setenta metros cuadrados, una medida tomada porque se detectó que las familias no contaban con el ahorro necesario para completar el veinte por ciento restante y las obras quedaban inconclusas.
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En cuanto a la transición con la gestión anterior, Elina Peralta aclaró que el IPV nunca detuvo los créditos que ya se encontraban en proceso de ejecución, permitiendo que las obras en marcha continuaran su curso. Sin embargo, se detectó un paquete de expedientes que había quedado estancado únicamente en la fase administrativa; estos fueron reactivados entre el año pasado y principios del actual, logrando que hoy ya se encuentren en circuito y proceso de obra.
La conveniencia de estos créditos se basa en su perfil social, diseñado para ser una alternativa viable frente a las exigencias de la banca privada que suelen ser inalcanzables para la clase media. A pesar de que el plan se encuentra en etapa de borrador técnico para definir los montos finales, el objetivo del IPV es que las tasas de interés y las cuotas resulten sustancialmente menores a las de cualquier entidad financiera tradicional. La directora del organismo confirmó esta visión al asegurar que, comparado con un crédito hipotecario bancario, “en ese sentido va a seguir siendo más accesible que los bancos”, subrayando que la ejecución de esta herramienta dependerá directamente de los fondos que la provincia pueda inyectar en el sistema.
Las claves para perfeccionar el sistema de préstamos
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Para optimizar el uso de los recursos y garantizar la transparencia, el IPV implementará una serie de requisitos técnicos y administrativos. El primero tiene que ver con la justicia social y el perfil del solicitante. La funcionaria señaló que “nosotros vamos a focalizar en aquellas familias que realmente no tienen poder adquisitivo para hacer un ahorro y poder construir”. Bajo esta premisa, se impondrá un límite estricto al tamaño total de la casa que se pretenda edificar, estableciendo que “no les vamos a permitir que presenten más de 150 m² proyectados” para evitar que el subsidio estatal sea utilizado por sectores de clase alta que podrían financiar su obra de forma privada.
Otro cambio fundamental se dará en el proceso de selección y los requisitos de ingreso. Debido a que se espera una demanda masiva, Peralta explicó que “lo vamos a hacer por sorteo”, pero con una instancia previa de depuración técnica donde “vamos a abrir un padrón donde las familias puedan inscribirse” y así verificar que cumplan con todas las condiciones antes de participar. En cuanto a la capacidad económica, se está ajustando el piso salarial a la realidad actual del país, por lo que “estamos evaluando cuatro sueldos mínimos” como requisito de ingreso para los solicitantes (antes eran tres).
La eficiencia de la construcción también será un eje central de los nuevos contratos. Para evitar que el dinero se licúe con el paso del tiempo, el organismo planea flexibilizar los pagos, asegurando que “vamos a dar un desembolso más” de los cuatro que se entregaban habitualmente, permitiendo así una mejor llegada al final de obra. Es que detectaron que, con el esquema anterior de cuatro etapas, muchas familias no lograban terminar su vivienda. Según explicó Peralta, el análisis de las gestiones previas mostró que los beneficiarios solían alcanzar el 80% de la obra y luego se estancaban sin poder llegar a concluir la casa. Por eso, el nuevo borrador administrativo contempla pasar a cinco desembolsos, con el fin de facilitar que los adjudicatarios completen la construcción de manera efectiva.
Además, se abrirá la puerta a nuevas tecnologías constructivas más allá del ladrillo, siempre que cuenten con el aval oficial, indicando que “si es un sistema que está aprobado por Planeamiento, se van a habilitar”, lo que podría reducir los plazos de obra a tan solo seis meses. Dio como ejemplo los paneles Emmedue, un sistema constructivo industrializado que el IPV aplica en un barrio modelo en Angaco y permitió, en casos de emergencia como en Jáchal, levantar viviendas en un plazo de apenas 45 días.
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También, la transparencia administrativa será el sello de este relanzamiento, tras el cierre de la oficina específica que manejaba estos planes por fallas en los procedimientos. Peralta destacó que para dar mayores garantías a los vecinos ahora “los expedientes son transversales a todas las áreas del IPV y además van a ser puestos bajo seguimiento en el sistema”, permitiendo un control en tiempo real de cada préstamo otorgado.
En relación con las condiciones del terreno para la operatoria individual, el IPV mantiene una postura flexible respecto a las dimensiones totales de la propiedad, entendiendo que el acceso al suelo varía según la capacidad económica de cada familia. Sin embargo, es requisito indispensable que el lote cumpla con las normativas vigentes de la Dirección de Planeamiento, organismo que define los parámetros técnicos de construcción y los porcentajes de ocupación permitidos. Al respecto, Peralta señaló que no limitan la superficie porque “las diferencias de posibilidades para comprar un terreno son variables”.
