El Gobierno Nacional acaba de formalizar la habilitación para que San Juan, junto con otras ocho jurisdicciones como Mendoza, Córdoba y Santa Fe, pueda concesionar tramos de rutas nacionales dentro de su territorio mediante el sistema de peajes. Esta medida se cristalizó a través del Decreto 253/2026, que establece un esquema de delegación funcional y temporal con el fin de que la administración provincial asuma la responsabilidad directa sobre la reparación, conservación y mantenimiento de los caminos que dependen exclusivamente de la inversión centralizada.
El texto oficial firmado por Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, dice que las provincias alcanzadas por la normativa son además de San Juan, Córdoba, San Luis, Mendoza, Corrientes, Santa Fe, Santa Cruz, Río Negro y Neuquén.
La aplicación de esta normativa surge como respuesta a los pedidos de algunas provincias que buscaban herramientas legales para gestionar los corredores viales que atraviesan sus territorios, ante la necesidad urgente de garantizar la transitabilidad y seguridad en los caminos. Esto, porque la gestión de Javier Milei recortó fondos para obras públicas y desactivó Vialidad Nacional, con lo que el estado de las rutas rápidamente empezó a mostrar la falta de mantenimiento en todo el país.
Bajo este nuevo marco, San Juan ya viene trabajando con convenios con Nación para hacer obras de conservación y algunas nuevas, como las practicadas en la Circunvalación. Para este nuevo esquema, deberá suscribir convenios específicos con la Dirección Nacional de Vialidad en los que se identifiquen con precisión los tramos a concesionar, los plazos de la delegación y los regímenes de auditoría correspondientes. Cada acuerdo requiere el visto bueno de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía antes de hacerse efectivo.
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El decreto es taxativo respecto al destino de la recaudación. Los fondos que San Juan obtenga por la explotación de los peajes deberán reinvertirse obligatoriamente en el tramo otorgado, quedando prohibido afectar ese capital a obras ajenas a la concesión o a rutas de otras jurisdicciones. De esta manera, el sistema busca asegurar que el usuario que abona la tarifa vea reflejada la inversión en la mejora directa del camino por el que circula.
A pesar de esta transferencia de facultades administrativas, el Estado Nacional conserva la titularidad del dominio y la jurisdicción federal sobre las rutas involucradas. La delegación se define como limitada, revocable y funcional, lo que implica que no hay una cesión definitiva del patrimonio público nacional hacia la provincia. Además, el marco legal impone condiciones temporales estrictas ya que las concesiones resultantes no podrán superar los 30 años de duración y la provincia cuenta con un plazo máximo de un año para convocar a licitación desde la firma de los convenios; de no cumplirse este plazo, la delegación quedará automáticamente sin efecto y la gestión retornará a la órbita nacional.
Este cambio de paradigma se apoya en una base legal que incluye la Ley 17.520 de concesión de obras y servicios públicos, el Decreto-Ley 505/58 que regula el sistema troncal vial y la reciente Ley 27.742, orientada a la reorganización administrativa y la descentralización de funciones estatales.
Todavía no se conoció cómo San Juan manejará este desafío de gestión dentro del grupo de provincias que ahora poseen la llave para transformar el estado de sus rutas nacionales mediante el aporte de los usuarios y la inversión privada. A mediados del año pasado, el ministro de Infraestructura Provincial, Fernando Perea, dijo sobre el cobro de peaje que lo ve “inviable” para las rutas sanjuaninas. “Yo creo que en San Juan el peaje, lo hemos hablado con el gobernador en Buenos Aires, que muchas veces en Buenos Aires por ahí no conocen mucho el interior, y te van diciendo ‘che pongan un peaje, trabajá con el peaje’. Hay rutas que son, a ver, San Juan-Jáchal, ¿cuántos vehículos pasan? Incluso San Juan-Mendoza, no es rentable todavía para una empresa que pueda poner un peaje”, declaró Perea en ese entonces en rueda de prensa.
A continuación, el decreto nacional completo:
