El pasado viernes entró en vigor el Sistema Europeo Común de Asilo (SECA), una profunda reforma destinada a endurecer los procedimientos fronterizos y revisar integralmente el sistema de acogida en la Unión Europea. Mientras que los responsables de migración de la UE defienden que la reforma otorgará a los Estados un «mayor control» sobre sus fronteras, diversos sectores sociales denuncian que este avance se produce a costa de los derechos de las personas más vulnerables.
Filtros fronterizos: ¿Seguridad o detención encubierta?
El nuevo sistema introduce controles reforzados que incluyen la toma de datos biométricos y huellas dactilares en un proceso de cribado que puede durar hasta siete días. El aspecto más controvertido es el procedimiento acelerado de rechazo, que obliga a los solicitantes de países con bajas tasas de reconocimiento —como Pakistán, Irán, Venezuela o Marruecos— a permanecer en «campamentos más o menos cerrados» cerca de las fronteras exteriores por un periodo de hasta 12 semanas.
Organizaciones de derechos humanos han manifestado su profunda preocupación, señalando que estas normas supondrán, en la práctica, la detención sistemática de la mayoría de los migrantes, incluidos menores de edad, durante todo el proceso. Judith Sunderland, de Human Rights Watch, ha sido tajante al afirmar que este pacto «cierra la puerta en la cara a personas que merecen ser tratadas con dignidad».
Solidaridad a precio de mercado y dudas sobre la eficacia
La reforma intenta aliviar la presión sobre países de primera llegada como Italia, Grecia y España mediante un mecanismo de solidaridad. Sin embargo, este sistema permite a los Estados miembros evitar la reubicación de refugiados pagando una cuota de 20.000 euros por cada solicitante rechazado, una medida que ha sido criticada por mercantilizar la responsabilidad humanitaria.
Por otro lado, expertos como Gerald Knaus, de la Iniciativa Europea para la Estabilidad, cuestionan la operatividad real de estas normas. Knaus advierte que, aunque los procedimientos se aceleren, las deportaciones a los países de origen siguen siendo extremadamente difíciles, lo que podría derivar en un limbo legal para miles de personas. Además, señala que el reciente descenso en las solicitudes de asilo en países como Alemania responde más al fin de conflictos externos, como el cambio de poder en Siria, que a la efectividad de los controles fronterizos.
El fantasma del «fracaso de la integración»
Desde la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Lukas Gehrke advierte que el enfoque excesivo en el rechazo y la expulsión está descuidando las políticas de inclusión. Según Gehrke, bajo el nuevo presupuesto del pacto se perderá financiación crítica para la integración, lo que podría convertir el «fracaso de la integración en una profecía autocumplida».
Finalmente, el plan de contingencia para situaciones de crisis permite a los Estados reducir las garantías legales y retener a los migrantes por más tiempo del habitual, una «respuesta de emergencia» que, para muchos críticos, institucionaliza la excepción y vulnera el derecho internacional. Mientras tanto, los planes para crear «centros de retorno» en terceros países fuera de la UE siguen siendo, por ahora, solo proyectos sobre el papel con un futuro incierto.
